SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha asegurado este miércoles que están en marcha todos los programas de Formación Profesional para el Empleo, tras su suspensión en 2012 por la judicialización de los mismos, y ha negado que la Junta haya devuelto al Estado 2.000 millones de euros en fondos de los cursos a desempleados.
Según han señalado fuentes de la Consejería a Europa Press, el reinicio de estos programas beneficia a 22.300 desempleados y 19.000 trabajadores. Además, han señalado que también están en marcha las Escuelas Taller y Talleres de Empleo, que cuenta con una previsión de 2.600 beneficiarios, así como las escuelas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y los cursos dentro de los contratos para la formación y el aprendizaje.
Asimismo, han confirmado que desde septiembre de 2017 se están realizando cursos para desempleados en todas las provincias, que ha supuesto hasta la fecha el desarrollo de 1.066 cursos en la comunidad para 15.622 alumnos.
"Es una realidad incontestable que la formación en Andalucía se ha puesto de nuevo en marcha, no sin dificultades por el cambio de marco normativo que está afectando al sistema de formación profesional para el empleo en toda España", han manifestado las mismas fuentes.
De hecho, han añadido que existe "una enorme inseguridad jurídica por la tardanza en aprobarse el reglamento de la Ley 30/2015, que no se publica hasta julio de 2017, así como las Órdenes Ministeriales específicas que faltan por aprobarse debido al retraso en esta materia del anterior ministerio dirigido por Fátima Báñez".
La Consejería ha estimado que el Servició Público de Empleo estatal, que no convocó cursos en 2015 y 2017, tiene en la programación de 2016 una ejecución del 14 por ciento, por lo que "no habrían ejecutado unos 1.500 millones de euros" de fondos del Estado.
No obstante, han indicado que toda vez que se ejecute la convocatoria de cursos a final de año, se realizará la evaluación de la misma y se actuará en función de los resultados para "mejorar el impacto" de estas políticas públicas. De hecho, han apuntado que ya está "todo preparado" para realizar la correspondiente evaluación y han anunciado que se está tramitando la licitación de un contrato con una universidad para su desarrollo.
"Se está trabajando en toda la tramitación presupuestaria y administrativa para sacar una nueva convocatoria, que se ejecutará durante 2019 para dar continuidad a los cursos de formación", han asegurado.
Por último, las mismas fuentes han indicado que la suspensión de estos programas se produjo tras cuestionarse "de manera interesada" el desarrollo de los cursos, causando "graves perjuicios" a desempleados y trabajadores.
No obstante, han subrayado el archivo de las "más de cien causas" en los tribunales y han recordado que, a diferencia de otras comunidades en las que los procedimientos judiciales se dirigen a las empresas que "no han hecho buen uso" de los fondos públicos, en Andalucía las denuncias se dirigieron a la administración autonómica.
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