SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha indicado este jueves que el ajuste de la partida reservada a subvencionar a entidades locales de Granada y Jaén para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias a 200.000 euros obedece al "gasto efectivo" que se produjo de dichas ayudas en la convocatoria anterior, cuando la misma línea fue dotada con 1.088.451,81 euros, sentido en el que ha rechazado la influencia de "la mano de la extrema derecha" ni ningún otro tipo de "discurso ideológico".
Así se ha pronunciado la consejera durante la Comisión de Igualdad a preguntas de los diputados autonómicos Ismael Sánchez, de Adelante Andalucía, y Felipe López, del PSOE, quienes han reclamado una explicación de la consejería ante la reducción del montante de ayudas a los ayuntamientos y otras entidades locales en un año marcado por la crisis sanitaria del covid-19 al tiempo que han dejado caer la posible influencia de la "ultraderecha" en esta decisión.
"No es que hayamos recortado presupuesto, es que tenemos mucho más presupuestos pero lo hemos puesto en esta otra partida", ha indicado la consejera tras apuntar que se han priorizado otras líneas de ayuda importantes como la de garantía alimentaria, que va a contar con unos 30 millones de euros, a fin de atender a "personas que no tenían para comer".
Ruiz ha insistido en que "no hay ninguna mano oscura de la ultraderecha" en la gestión de su departamento, desde donde las ayudas se han focalizado en las provincias que "contaban con albergues de personas trabajadoras temporeras", que "siempre han sido" Jaén y Granada.
A pesar de la reducción de la partida, la titular andaluza de Igualdad ha insistido en que la Consejería de Salud y Familias ha contado con un "gasto de más de 2.300 millones de euros" para atender las contingencias surgidas durante la pandemia y hacer frente así a un problema de "salud pública", con lo que también se va a "garantizar la salud de los temporeros".
Con esto, la consejera ha incidido en las aportaciones extraordinarias realizadas por su consejería en las provincias de Almería y Huelva, donde se atendió con una inversión de 2,3 millones los asentamientos chabolistas a través de los ayuntamientos.
Ruiz ha contrapuesto la actuación de su departamento a "cuando se recortó a la mitad entre 2008 y 2011 las asociaciones de personas con discapacidad" o cuando en el año 2015 "no se convocó ninguna subvención en materia de igualdad y servicios sociales". Asimismo, ha indicado que aún esperan los 160 millones de fondo social comprometidos por el Gobierno central.
"FILANTROPÍA O EGOÍSMO INTELIGENTE"
La bajada de la partida para atender la financiación de los alojamientos de temporeros migrantes ha sido criticada por el diputado autonómico socialista, quien cree que esta aportación tiene una "vertiente clarísima en relación con la salud" a la hora de prevenir contagios, por lo que ha instado a la consejera a actuar "en la buena dirección" ya sea "por solidaridad, altruismo, filantropía o humanitarismo" o por "un egoísmo inteligente bien entendido", ya que la prevención de los contagios repercute en toda la población.
Así, ha insistido en que los inmigrantes temporeros que van a trabajar a los tajos no son ajenos a una posible infección de covid-19, lo que implicaría un confinamiento. "¿Dónde está la racionalidad precisamente en este año de impacto claro del covid de una medida como esta?", se ha cuestionado al considerar que "no tiene sentido" realizar un "recorte prácticamente a la quinta parte" de estas ayudas.
"Cuando estamos protegiendo la salud de los temporeros estamos invirtiendo no solo en su salud, que ya es un objetivo plausible, sino en la salud del resto de la población, porque un foco descontrolado lógicamente de transmisión de la enfermedad pone en riesgo la salud del conjunto de los ciudadanos", ha incidido López.
En la misma línea se ha expresado el parlamentario de Adelante Andalucía, quien ha avistado un carácter "cada vez más clasista" en el Gobierno andaluz, con "posiciones contrarias a los derechos humanos" ante este tipo de decisiones.
