SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular es la magistrada María Núñez Bolaños, ha puesto a disposición del PP-A las copias de las grabaciones de las declaraciones celebradas en la denominada pieza 'política' de los cursos de formación tras comprobar que las mismas están "completas" e "íntegras" y que no presentan cortes.
Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el Juzgado puso a disposición del PP-A las referidas grabaciones a principios del presente mes de noviembre después de que la letrada de la Administración de Justicia --antiguamente denominada secretaria judicial-- haya comprobado con la ayuda de un técnico informático que las grabaciones están "íntegras" y no presentan cortes.
Hay que recordar que el PP-A, personado como acusación popular en el caso de los cursos de formación, ha solicitado de manera reiterada a la magistrada que le haga entrega de "copias completas de todas las grabaciones" de las declaraciones celebradas en la causa tras no haber recibido algunas y haberle sido entregadas otras "incompletas".
En un escrito elevado al Juzgado el pasado día 13 de octubre, el PP-A señalaba que, "después de reiteradas solicitudes frustradas y una vez dictado el auto de archivo" de la pieza 'política' de los cursos de formación, le fue notificada una providencia de la juez, fechada el 10 de octubre, en la que acordaba hacerle entrega "de copia de audio de las declaraciones celebradas en las presentes diligencias".
Sin embargo, al recogerlas, el PP-A comprobó que "únicamente se nos ha entregado copia de los audios de las declaraciones" del exinterventor general de la Junta Adolfo García y de los interventores de Córdoba, Almería, Málaga, Huelva, Granada, Cádiz y Jaén, así como del director del SAE, Julio Coca, "faltando el resto de declaraciones, entre las que se encuentra la declaración de la interventora provincial de Sevilla y la de los investigados", según apunta el escrito.
Además, "algunas de las declaraciones entregadas vienen incompletas", según apunta el escrito del PP-A, que precisa que "se cortan los audios de las declaraciones del interventor de Huelva, Miguel A. García Bermúdez, y del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, fundamentales para la tesis mantenida por esta acusación, y la declaración de Julio Coca".
Así las cosas, el PP-A apelaba al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un proceso "con todas las garantías" para solicitar que se les entregue "copia completa de audio de todas las declaraciones prestadas en las presentes diligencias, con suspensión del plazo para presentar recurso de reforma y/o apelación contra el auto de 11 de octubre de 2016 en el que se acuerda el archivo y sobreseimiento de las actuaciones".
Cabe recordar en ese sentido que la juez María Núñez Bolaños acordó el archivo la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas".
Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó recientemente rechazar una recusación administrativa que planteó el PP-A el pasado 15 de septiembre contra la misma juez en relación con la entrega de las grabaciones de todas las declaraciones celebradas en la causa de los cursos de formación.
