SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que durante el año próximo se va a proceder a la eliminación de casi el 40 por ciento de los entes instrumentales dependientes de la Junta de Andalucía, en concreto, un total de 109 entes que "no tienen actividad o que nunca la han tenido" de los 278 existentes.
"Nos hemos encontrado con un largo listado de graves problemas y nos hemos puesto en marcha para cumplir nuestro objetivo de contar con un sector público instrumental eficaz, eficiente y sostenible", ha afirmado Marín en una comparecencia en el Parlamento que ha sido reclamada por el PSOE-A para abordar la situación laboral de los trabajadores de los entes instrumentales.
En su intervención, el dirigente de Cs ha informado de que entres las entidades que se van a suprimir se encuentran dos agencias, 77 consorcios, 16 fundaciones y cuatro sociedades mercantiles, apuntando que algunas ya se han extinguido como la Fundación Mediara o la Agencia de Andaluza de Evaluación Educativa, "que han revertido 2,2 millones a la Junta".
"Nos hemos encontrado con un caos a la hora de tratar de poner orden a estos entes instrumentales porque el anterior Gobierno aplicaba la fórmula de dejar pasar el tiempo y que las decisiones fueran tomadas por los jueces", ha criticado Marín, quien ha recordado que estas entidades tienen una plantilla de unas 30.000 personas y un gasto de personal que ronda los 1.200 millones de euros, según datos de junio de 2019.
El vicepresidente ha explicado que el nuevo Gobierno ha encontrado "31 sistemas de gestión diferentes, 38 sistemas económicos-financieros diferentes, plantillas con problemas de dimensionamiento o retribuciones dispares a igual categoría entre distintas entidades e incluso en la misma entidad".
Además, ha precisado que se han encontrado "hasta 37 expedientes de conflictos laborales planteados en el Sercla en 2018, hasta 4.000 personas en situación de temporalidad, algunas superando los plazos que permite la ley, régimen de incompatibilidades diferentes para el personal que presta su servicio en estas entidades con respecto al que lo hace al amparo de otras fórmulas de agencias, pagos de seguros de vida o salud reconocidos en convenio, con el agravio comparativo al personal funcionario que no tiene esas cobertura".
En cuanto a las actuaciones judicializadas, Marín ha indicado que "la mayoría son resueltas en contra de la Junta y fuerzan a crear una estructura de puestos de trabajo impuesta por los jueces y no por la propia Administración andaluza". "Estos procesos judiciales han supuesto un gasto de 80,13 millones de euros en indemnizaciones a personal que finalmente han sido readmitidos", ha agregado.
DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES
Ante esta situación, Marín ha explicado que el primer paso ha sido realizar un diagnóstico de la situación de las entidades en el plano normativo, económico/financiero, funcional, competencial y organizativo, "para obtener las mejores alternativas a cada circunstancias".
Así, la Consejería de Regeneración planteó la elaboración de un primer diagnóstico a la Intervención General de la Junta para verificar la adecuada distribución competencial entre las consejerías y las agencias y la vigencia de los fines que justificaron la creación de estas entidades. Y así, añade que "se han encontrado entes que no tenían actividad o cuyas funciones las lleva la propia Consejería".
En segundo lugar, ha explicado que se ha creado un grupo de trabajo que evalúe las entidades instrumentales y que ya ha mantenido reuniones con cada una de las consejerías "para hacer un seguimiento de los entes en proceso de disolución, identificar aquellas que no tuvieran actividad o que su presencia en la Administración no estuviera justificada y el análisis del resto de entidades para valorar si debían mantenerse como estaban o era necesario adoptar alguna medida de integración, modificación o cambio de naturaleza jurídica".
"El objetivo es muy ambicioso pero estamos dispuestos a trabajar duro para recuperar la eficacia y la eficiencia en la Administración y la confianza de los andaluces", ha añadido Marín, que también ha expuesto que se ultima un estudio "exhaustivo" sobre las plantillas de personal para obtener un inventario de puestos de trabajo global, elaborando una clasificación de perfiles y áreas de actividad.
Asimismo, se ha llevado a cabo un análisis funcional de las plantillas para identificar necesidades de las personas usuarias, carteras de servicios y cuál es la estructura de recursos humanos para atenderlas, mientras que ha recordado el Plan de Auditorías recogido en los Presupuestos para 2019 y dotado con tres millones de euros.
PSOE-A: BUSCAN PRIVATIZAR
Por el PSOE-A, el parlamentario Carmelo Gómez ha advertido de que los datos aportados por Marín durante su comparecencia "son diferentes" a los ofrecidos en otras ocasiones por el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, pues "hoy hablan de 30.000 trabajadores cuando antes nos han dicho que son 26.045".
Tras urgir en varias a ocasiones al vicepresidente que aclare si tienen pensado despedir a trabajadores de estos entes, el socialista ha defendido que no son ni "chiringuitos ni grasa" sino empresas que hacen un trabajo fundamental en los servicios públicos andaluces. "Son expertos en investigación médica, profesionales de emergencias sanitarias, que atienden a los colectivos más vulnerables, los trabajadores de Canal Sur Radio, de la agencia de medio ambiente y agua, del Infoca o de las instituciones culturales", entre otros.
Así, Gómez ha avisado de que la estrategia del Gobierno andaluz es, "primero cuestionar la eficacia de los servicios públicos, luego denigrar la labor de los profesionales, hablar de reordenación para acometer despidos y, finalmente, privatizarlos, que es verdaderamente su objetivo".
El diputado del PSOE-A ha defendido que la existencia de empleados públicos a través de contrato laboral es algo común en Europa, cuando ha acusado al Gobierno andaluz de generar "una tremenda inquietud en los trabajadores" que "se sienten maltratados por parte de la administración".
Y es que, según ha apuntado, "hay multitud de declaraciones del Gobierno andaluz que cuestiona los entes instrumentales y a sus trabajadores", esto antes de reclamarle que aseguren el pleno mantenimiento de este empleo público pues si se llevan a cabo despidos, al PSOE-A lo van a tener "radicalmente enfrente".
Además, Gómez ha apuntado que otra parte del plan de la Junta es "asfixiar" a los entes instrumentales, poniendo como ejemplo la situación de Veiasa, que realiza las Inspecciones Técnicas de Vehículos, porque "tienen paralizados más de 500 contratos de sustitución, lo que provoca una carga excesiva de trabajo y una merma en la calidad del servicio, lo que incide directamente en los ciudadanos" y todo, ha asegurado, "para venderla". "Urge que rebelen sus planes reales", ha zanjado el diputado.
