Reclama que se rectifique la carta que ha motivado una denuncia ante la Junta Electoral
GRANADA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha acusado a la Diputación de Granada, gobernada por el PP, de usar de forma "torticera" las administraciones para "generar angustia" entre los dependientes granadinos que ya reciben una prestación, después de que la institución provincial haya remitido a usuarios de "todo tipo" una carta sobre la paralización del grado I nivel dos de la Ley de Dependencia.
Navarro ha querido desplazarse este viernes a Granada para "tranquilizar" a los usuarios que han recibido estas cartas y que ya se benefician de otras prestaciones porque "no las van a perder", ya que la paralización del grado I nivel 2, que corresponde a una dependencia moderada, sólo afecta a quienes hayan sido valorados después del 1/1/2012 pero no antes, como alude la citada misiva.
La consejera de Igualdad ha garantizado el compromiso del Gobierno andaluz con el desarrollo de la Ley de Dependencia advirtiendo además de que ha sido el Ejecutivo central y no la Junta quien ha tomado "la decisión de paralizar" el desarrollo de este grado de dependencia, situación que afecta a 9.000 personas en la provincia granadina, según ha añadido la delegada provincial del ramo, Elvira Ramón.
"Me parece lamentable y condenable que se use una institución pública como la Diputación de Granada para generar incertidumbre sobre las prestaciones", ha clamado la consejera, que ha criticado duramente que la institución provincial haya elaborado una carta acusando a la Junta de paralizar este grado de dependencia y la haya remitido no sólo a personas con grado de dependencia moderada, sino también de grados superiores y a beneficiarios de la ayuda a domicilio.
Por ello, ha reclamado a la institución provincial que remita una nueva carta de rectificación "si se ha equivocando" y ha instando a su máximo responsable, el popular Sebastián Pérez, a ser "riguroso" en este asunto.
BALANCE
Para sustentar sus afirmaciones, la consejera ha hecho un balance del desarrollo de la Ley de Dependencia en la provincia de Granada, donde se han triplicado durante esta legislatura las prestaciones concedidas hasta superar las 33.700, entre teleasistencia, ayuda a domicilio, residencia, estancia diurna y ayudas económicas.
Con estos datos, la provincia de Granada triplica el número de prestaciones de la dependencia concedidas en comunidades autónomas como las de Baleares o Canarias, duplica las de Asturias y supera las de Aragón o Extremadura.
Asimismo, Micaela Navarro ha resaltado que la Junta de Andalucía ya ha destinado más de 141,5 millones de euros a los ayuntamientos y la Diputación Provincial de Granada para financiar el servicio de ayuda a domicilio y el refuerzo de personal para la atención a la dependencia.
El Servicio de Ayuda a Domicilio de la atención a la dependencia lo reciben 9.200 personas en situación de dependencia en la provincia de Granada, lo que da empleo a más 3.000 profesionales, 1.800 de ellos en los servicios que gestiona la Diputación, según añade en un comunicado la Junta de Andalucía
"La ayuda a domicilio se presta entre 30 y 90 horas al mes, según los grados y niveles de la dependencia de la persona beneficiaria. La puesta en marcha de este servicio permite crear entre 40 y 60 puestos de trabajo en un municipio andaluz con una población media de 10.000 a 15.000 habitantes. Y la mitad de los 17.000 empleos que ha generado en toda Andalucía se han creado en municipios con menos de 20.000 habitantes".
Además, Andalucía sigue siendo la comunidad autónoma líder en la aplicación de la dependencia, ya que aglutina en torno al 30 por ciento de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de toda España.
DENUNCIA DEL PSOE
Las declaraciones de la consejera se producen después de que el PSOE de Granada anunciara el jueves que ha denunciado ante la Junta Electoral Provincial de Granada al vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, José Antonio Robles, por el envío de esta carta.
Se ha tratado, según los socialistas, de una campaña de difusión, mediante el envío de manera "indiscriminada" de cartas a personas actualmente beneficiarias del Servicio de Ayuda a Domicilio, con mayores grado y nivel de dependencia y que ya están disfrutando del Servicio de Ayuda a Domicilio, transmitiendo "una información sesgada y tendenciosa".
