SEVILLA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
"Ninguna participación, responsabilidad o relevancia puede tener la actuación de un directivo de Vitalia --mediadora-- en la forma de tramitar una subvención por parte de la entidad pública --Dirección General de Trabajo-- y mucho menos en la procedencia del erario público destinado a dicha subvención", según señala la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos.
Por la representación procesal del ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín se ha presentado escrito solicitando el archivo y sobreseimiento de la causa con respecto a su representado en las piezas separadas que investigan las ayudas a Aglomerados Morell y Samec y en ambas causas la juez instructora ha acordado el sobreseimiento provisional.
En ambos autos, de fecha reciente y a los que ha tenido acceso Europa Press, la juez instructora indica que las diligencias practicadas "no evidencian participación alguna de Albarracín en la negociación o contratación de la póliza que justifique mantener su investigación".
"Ninguna participación, responsabilidad o relevancia puede tener la actuación de un directivo de Vitalia en la forma de tramitar una subvención por parte de la entidad pública y mucho menos en la procedencia del erario público destinado a dicha subvención", ha expuesto la magistrado, que añade que, en consecuencia, procede el sobreseimiento respecto del mismo.
En concreto, en la pieza de Aglomerados Morell se investiga presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a la concesión de ayudas, por importe de 2,8 millones de euros, a esta empresa y a la empresa Corvillette por parte de la Dirección General de Trabajo, pagadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a cargo del programa 31L, así como la introducción en las pólizas que se suscribieron para sufragar el coste de las prejubilaciones de trabajadores de la primera empresa, de dos personas ajenas a la misma en calidad de asegurados-beneficiarios --intrusos--.
Por su parte, en la pieza de Samec, se investigan presuntos delitos de malversación y prevaricación en relación a la concesión de ayudas sociolaborales, de 1,2 millones de euros, percibida por esta sociedad por parte de la Dirección General de Trabajo.
