La orujera de Baeza destaca el "sobreseimiento" de la denuncia penal interpuesta por el Ayuntamiento

Actualizado: lunes, 11 marzo 2013 18:15

Afirma que la resolución de la Audiencia Provincial es firme y no cabe recurso ordinario alguno


BAEZA (JAÉN), 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oleícola Jaén ha informado este lunes de que la Audiencia Provincial de Jaén "ha dispuesto el archivo desestimando la denuncia" interpuesta por el Ayuntamiento de Baeza contra el representante legal de la orujera, Luis Carlos Morillo, al entender que "no existe ningún elemento que constate" una "situación de peligro concreto y grave para el medio ambiente o bien para la salud de las personas, tanto por los hechos constitutivos de delito medioambiental como la desobediencia, en vista de todas las alegaciones y hechos que constan en los autos, de los que se infieren que en ningún momento hubo intención de desobedecer".

A través de un comunicado, la empresa ha explicado este lunes que la decisión de la Sección Tercera "deja sin efecto" la última denuncia penal planteada por el alcalde, Leocadio Marín (PSOE) y "con el agravante de que esta actitud enconada y beligerante conlleva un grave perjuicio económico para los fondos municipales". En este sentido, ha precisado que la resolución, de fecha 26 de febrero de 2013, "es firme y contra la misma no cabe la interposición de recurso ordinario alguno".

Según ha apuntado la firma, es "la segunda vez que la denuncia por la vía penal es sobreseída" y, de hecho, el informe de la Fiscalía Provincial de Jaén ya sostuvo que la primera denuncia de impacto medioambiental del Consistorio no quedaba acreditada, dado que la propia Consejería de Medio Ambiente señalaba que las maquinarias y actividades de Oleícola Jaén habían pasado el trámite medioambiental que se requiere para la realización de las actividades oleícolas de la empresa".

"Además, la entidad colaboradora de Medio Ambiente, Atisae, llevó una inspección detallada de la actividad de la empresa a fin de poder apreciar el más mínimo atisbo de infracción medioambiental, sin que en ninguno de sus informes así lo determinara, siendo el resultado favorable al Medio Ambiente, por estar dichas emisiones dentro de los límites permitidos legalmente", ha añadido.

Así las cosas, Morillo Molino se ha mostrado satisfecho por la resolución judicial, aunque "como ciudadano de Baeza" ha lamentado que "en la situación económica actual del Consistorio", el regidor "haya decidido utilizar sus recursos económicos en contenciosos carentes de toda argumentación jurídica, en lugar de emplearlos en cubrir las apremiantes necesidades de la población".

"Las actuaciones y medidas emprendidas por el Ayuntamiento en contra de Oleícola Jaén, amparadas en la defensa del bienestar del vecindario, han quedado invalidadas en el momento en el que estas actuaciones, lejos de mitigar los potenciales daños a la ciudadanía, están contribuyendo a prolongarlos", ha defendido el representante de la orujera.

Por otra parte, Oleícola Jaén se ha referido a recientes declaraciones de responsables municipales para asegurar que "en ningún momento" ha formulado solicitud para el "levantamiento de los precintos" en las instalaciones clausuradas, "ni ha invitado al alcalde a ir contra sus propios actos, ni mucho menos a prevaricar".

Frente a ello, ha aclarado que lo que pide es que actúe de acuerdo al Decreto de Alcaldía de fecha 4 de enero de 2011, en el que se reiteraba la orden de suspensión inmediata de las actividades que realizaba "sin obtener previamente las autorizaciones pertinentes y sin cumplir los requisitos necesarios para su puesta en marcha o entrada en servicio, así como el precintado de las instalaciones en las que se desarrollan hasta que obtenga las autorizaciones pertinentes", que es lo que pretende.

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PENDIENTE

Estas instalaciones clausuradas son, precisamente, objeto del procedimiento contencioso-administrativo que sigue su curso, a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, al que recurrió Oleícola Jaén después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Jaén diera la razón al Ayuntamiento en una sentencia de abril de 2012.

La empresa ha insistido en que la actividad de la orujera "está perfectamente regularizada e inspeccionada, como cualquier otra empresa andaluza del sector, y que la suspensión parcial no está ajustada a derecho", al tiempo que ha señalado que el cierre, entre "otros graves perjuicios", le obligó a Oleícola Jaén a ralentizar la finalización de la campaña, alargando en el tiempo las potenciales molestias ocasionados a los vecinos.

En este sentido, ha manifestado que en la última década, el Organismo de Control Autorizado (OCA) ha emitido certificados periódicos que fueron remitidos a la Consejería de Medio Ambiente, a la Delegación Provincial en Jaén, así como al Ayuntamiento de Baeza, "por lo que no actuaba a las espaldas de la Administración local ni provincial" y "sin que jamás fuese comunicada a la compañía cualquier anomalía o rechazo".

"Si finalmente ganamos este recurso ante el TSJA, la responsabilidad del alcalde va a ser enorme al anteponer sus intereses electoralistas a los propios intereses de la ciudadanía, activando un proceso que está provocando no solo los perjuicios económicos y morales a la empresa, sus empleados y proveedores, sino también a las propias arcas del Ayuntamiento, al tener finalmente que costear los gastos del proceso, así como los daños y prejuicios que procedan conforme a las leyes vigentes", ha declarado.

NEGOCIACIÓN

En cualquier caso, el empresario ha asegurado que "sigue defendiendo la negociación como única vía efectiva y rápida para solucionar este conflicto" y en ella, a su juicio, es necesario "renunciar a prejuicios y actitudes insensatas".

Igualmente, ha destacado que la voluntad de la empresa es trasladar la actividad de la orujera, manteniendo, entretanto, el compromiso de la instalación de un filtro que suprima las potenciales molestias. Al respecto, ha agregado que es "imprescindible" la continuidad de la actividad mientras llega ese cambio de ubicación --que está en el trasfondo del conflicto desde que el Ayuntamiento se comprometiera ante la Unesco a eliminar la planta para poder ser declarada junto a Úbeda Patrimonio de la Humanidad-- y "dada la necesidad de generación de recursos así como de la conservación de los clientes".