SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una declaración institucional por la que muestra su rechazo a los ataques a las escuelas en conflictos armados y su apoyo a la III Conferencia sobre Escuelas Seguras que el Gobierno de España acoge y que se celebrará en Palma de Mallorca los días 28 y 29 de mayo.
La declaración institucional, que ha leído la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, antes de dar paso a las preguntas de la sesión de control al Gobierno dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, explica que la conferencia persigue "compartir avances y retos en la implementación de la Declaración sobre Escuelas seguras e impulsar el compromiso de cada vez más Estados con la Declaración".
En concreto, apoyado por los cinco grupos parlamentarios --PSOE-A, PP-A, Adelante Andalucía, Ciudadanos (Cs) y Vox--, el texto recoge que 420 millones de niños, casi una quinta parte de la población infantil a nivel mundial, viven en zonas de conflicto, 30 millones más que en el año 2016; que 142 millones de niños y niñas viven en las denominadas zonas de conflicto de alta intensidad; que el número de niños que viven en zonas de conflicto se ha duplicado desde el final de la Guerra Fría; y que cientos de miles mueren cada año por las consecuencias indirectas que provocan los conflictos armados.
De este modo, que han aprobado la referida declaración "considerando que Save the Children revela que el número de violaciones graves de los derechos de la infancia en conflictos armados, constatadas y denunciadas por Naciones Unidas, se ha triplicado desde el año 2010" y que la protección de la infancia en los conflictos armados, y con ella el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las declaraciones, "es un desafío definitivo al que nos enfrentamos en el siglo XXI".
Argumenta que precisamente los pequeños "son los más afectados por la violencia armada y por la guerra" pues "sufren los conflictos de forma distinta que la población adulta, en parte porque son más débiles físicamente y también porque están en juego su desarrollo físico, mental y psicosocial".
Mientras, también reconoce que las atrocidades perpetradas contra la infancia "son una forma especialmente impactante de aterrorizar a la población y, por consiguiente, la táctica militar preferida de los grupos y fuerzas armadas de los conflictos actuales y que los centros educativos se convierten en objetivos estratégicos por convertirse en centros de reclutamiento o utilizarse con fines militares".
Además, la declaración pone sobre la mesa que durante un conflicto armado, el uso militar de las escuelas "puede comprometer su estatus de bienes de carácter civil, transformando estos lugares de aprendizaje en objetivos militares legítimos, y exponiendo a estudiantes y docentes al riesgo de acciones de represalia y que esto pone en peligro la integridad física, el bienestar emocional y el derecho a la educación de los estudiantes".
Y también la han aprobado entendiendo que en épocas de conflicto armado el acceso a establecimientos educativos seguros puede ofrecer a los estudiantes "un importante resguardo y sensación de estabilidad, transmitir a los alumnos información vital y mitigar las secuelas psicosociales de la guerra", además de proteger a niños de la posibilidad de trata y reclutamiento por grupos armados.
Ya que, añade, "a largo plazo una educación equitativa y de calidad fomenta la paz y la reconstrucción después de un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieran las aptitudes y la formación necesarias para progresar en el plano personal y contribuir a la prosperidad de su comunidad".
