SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del Grupo Adelante Andalucía --que ha contado con la abstención de PSOE-A, de PP-A y de Ciudadanos y el voto en contra de Vox-- en la que se insta a la Junta a demandar al Gobierno central la transposición al ordenamiento español de la Directiva europea 2008/115/CEE, en lo referente a derechos fundamentales para las personas inexpulsables, adoptando las medidas y principios contenidos en la mencionada directiva, para evitar las situaciones de "limbo jurídico" a las que se ven abocadas.
En concreto, se refiere a los migrantes que, habiendo sido objeto de una decisión de retorno, ésta no puede ejecutarse por motivos jurídicos, como la aplicación del principio de no devolución, suspensión por efecto del sistema de recursos; por motivos humanitarios, tales como el estado de salud; motivos técnicos que podrían ser falta de capacidad de transporte o imposibilidad de identificación; o causas de cualquier otra naturaleza. Especialmente, Adelante solicitaba en su iniciativa la articulación de la obligación de documentar por escrito a los migrantes que estén en estas situaciones, establecer la extensión de su estatuto de garantías y especificar los supuestos y requisitos en que resultaría procedente otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada.
En defensa de la iniciativa, la diputada de Adelante Maribel Mora ha expuesto que en el informe del año 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención, cuya función ejerce el Defensor del Pueblo, se afirma que, según la información facilitada por la Dirección General de la Policía, durante ese año el número de detenciones de ciudadanos extranjeros por infracción de la legislación de extranjería fue de 74.244, de los cuales, 7.855 fueron internados en los distintos CIE.
Ha añadido que el año anterior, según el informe de ese organismo, el número de extranjeros detenidos por vulneración de las normas de extranjería fue de 46.122, de los que 8.237 fueron internados en CIE y 3.041 expulsados, un 36,91 por ciento. Ha apuntado que el informe del 2018 también expone que ese año se incoaron 50.263 expedientes de devolución, se materializaron 7.203 y que, de los 8.286 expedientes de expulsión que se abrieron, se ejecutaron 4.181.
"Estas cifras ponen de manifiesto que existe un alto número de nacionales de terceros países que han sido objeto de una decisión de retorno que, sin embargo, por las razones que sea, no ha podido ser ejecutada", personas a las que suele calificarse como inexpulsables, según indicado.
Ha explicado que estos migrantes "se mantienen en una situación de limbo jurídico, ya que, a pesar de estar reconocido que sobre ellas ha recaído una decisión de retorno que no ha podido materializarse, tampoco se adopta ni prevé, contrariamente a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, ninguna medida tendente a regular su situación".
Por su parte, la diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha manifestado que en una primera lectura de la proposición no de ley de Adelante podría parecer una iniciativa técnica para trasponer una directiva europea para aumentar derechos y libertades, pero, sin embargo, la directiva está traspuesta y "la directiva de retorno está asumida en nuestro ordenamiento, hasta dentro de plazo", mediante una Ley orgánica. Ha considerado que la política migratoria una auténtica "política de estado" que hay que abordarla de una manera integral, con sus continuos cambios y adaptaciones.
La parlamentaria del PP-A Carmen Céspedes ha criticado que la diputada de Adelante utilice términos como "inexpulsables" o "limbo jurídico" cuando hay actualmente hay procedimientos establecidos hoy por hoy que evitan precisamente ese "limbo jurídico" y ha indicado que junto a los derechos que se piden para las personas inmigrantes también hay que establecer los deberes y obligaciones. Ha indicado que el PP no está de acuerdo por el "papeles para todos, sino por un pacto europeo sobre inmigración y que ésta sea legal y por combatir la inmigración ilegal en manos de las mafias.
La portavoz adjunta de Ciudadanos, Mónica Moreno, ha puesto de manifiesto el sufrimiento que padecen las personas migrantes que abandonan sus países de origen buscando la tierra prometida, sobre todo, aquellos que se encuentran en una situación irregular. Ha rechazado el modelo de "regulación masiva" que defiende Adelante, y ha dicho que la inmigración irregular es un problema que nos supera como estado y la solución tiene que ser global en Europa. Ha dicho que regularizar no va a acabar con la inmigración ilegal ni contribuirá a acabar con las mafias que trafican con personas.
El diputado de Vox Manuel Gavira ha manifestado que si Adelante Andalucía quiere que sus demandas prosperen y que plasman en iniciativas en Parlamento instado a la Junta a que reclame algo al Gobierno central, lo que tiene que hacer es decírselo "a sus camaradas" del Ejecutivo nacional. Ha manifestado que a Vox las personas que vienen de fuera, le importan, pero esta iniciativa de Adelante no va de eso, "sino de otra cosa", de aplicar una directiva europea pero sólo en la parte que "ideológicamente le interesa". Ha rechazado los insultos de "racismo" hacia Vox, apuntando que cada "insulto lo único que refleja es la inutilidad de esta Cámara por su falta de pluralismo".
