SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos en contra del PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, admitir a trámite una proposición de ley impulsada por Adelante Andalucía que perseguía garantizar recursos para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. La iniciativa solo ha contado con el apoyo del PSOE-A.
En defensa de la iniciativa, que contaba con el criterio contrario del Ejecutivo andaluz, el portavoz adjunto de la confluencia, José Ignacio García, ha considerado que la iniciativa "difícilmente se puede rechazar", toda vez que ha recalcado que el sistema educativo andaluz "arrastra desde hace años problemas por los que no se prestan los recursos necesarios para atender al alumnado más vulnerable".
A su juicio, la proposición de ley es "muy simple y de sentido común" y, de hecho, ha considerado que el contenido de la misma "no es ni ambicioso ni una barbaridad", mientras ha defendido que plantean que esto se recoja en una ley "para que lo que se haga en el Parlamento sirva para algo y sea vinculante, para que sirva para cambiar la realidad de los centros educativos andaluces".
"La inclusión educativa es un derecho y los derechos no pueden depender de las voluntades de los gobiernos ni de los ajustes presupuestarios", ha defendido García, que insiste en que se debe dar cobertura a estas carencias mediante una ley "para que no se destine al alumnado que más lo necesita el presupuesto que sobre, sino que la ley obligue a que el presupuesto se dedique a que este alumnado tenga sus derechos".
Para posicionar al PSOE-A, el diputado Juan Pablo Durán se ha mostrado de acuerdo con el objetivo de la iniciativa de Adelante y ha considerado que el PP-A y Cs podrían haber propuesto regular esto mediante un decreto. Y es que, como ha explicado, "la comunidad educativa en su conjunto está reclamando una actualización de la ley que regula la atención de estas personas, y nos hemos comprometido a impulsar y abordar ese avance", mientras ha lamentado la "hoja de ruta privatizadora" de la Junta.
Francisco Palacios, parlamentario del PP-A, ha asegurado que coincide en el fondo de la propuesta si bien ha asegurado que ya existe legislación en este marco y también "voluntad por parte del Gobierno andaluz, que es el que más ha destinado a esta atención". "Si no queremos dejar a Andalucía en la ruina como hizo el PSOE-A, tenemos que administrar los recursos que tenemos", ha agregado para añadir que esta iniciativa, a su juicio, "entra en el Pacto Educativo por Andalucía" en el que ha lamentado que no se involucre Adelante.
Por Cs, la diputada Concepción González ha considerado que Adelante es consciente de que han llevado al Pleno "algo muy malo con la idea de que se la tumben", mientras se ha mostrado de acuerdo con el fin de la misma pero rechazando "las formas", ya que apuesta por una iniciativa previamente consensuada entre todos. Además, ha considerado "populista" la propuesta tras poner de relieve el "compromiso" del Gobierno andaluz con este alumnado a tenor de las medidas que ha puesto en marcha desde que están al frente PP-A y Cs.
Por último, en nombre de Vox, María José Piñero ha considerado que la atención a este alumnado es "la asignatura pendiente" del Ejecutivo andaluz desde hace años, que está "marginado" por el sistema y que "no ha preocupado" a la Administración, así como tampoco los profesionales que les atienden. No obstante, ha considerado la iniciativa "una estéril declaración de intenciones que no va a servir a quienes lo necesitan", y ha asegurado que Vox exigirá a la Junta en el Presupuesto del 2021 que aumente las partidas necesarias "para prestar la atención que merecen estas personas".
LA PROPUESTA RECHAZADA
En concreto, la iniciativa planteaba modificar la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, de modo que se incluyera un artículo por el que la Consejería del ramo tuviera que garantizar los recursos humanos y materiales para hacer efectiva la atención a la diversidad del alumnado desde una perspectiva de inclusión educativa, como uno de los pilares fundamentales de la educación pública de Andalucía.
Además, pedía garantizar que la atención a este alumnado fuera preferente dentro del aula y que todos los centros de Educación Infantil y Primaria contaran con al menos un profesional de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, un profesional de PTIS y un profesor o profesora de la especialidad de Orientación Educativa.
Igualmente, todos los Institutos de Educación Secundaria contarían con al menos un profesional de Pedagogía Terapéutica, uno de Audición y Lenguaje, un profesional de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) y profesor de la especialidad de Orientación Educativa; entre otras medidas.
