El Parlamento reclama reforzar las ayudas a asociaciones que atienden a personas con discapacidad

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley de Vox, que ha contado con el apoyo de PP-A y Ciudadanos (Cs), mientras que PSOE-A la ha rechazado y Adelante Andalucía se ha abstenido, en la que insta al Gobierno andaluz a que refuerce las ayudas a las asociaciones dedicadas a la atención a personas con discapacidad.

La Cámara también ha pedido a la Junta que promueva la vinculación, por parte de las personas con discapacidad y/o dependencia o de sus tutores legales, en la contratación de sus cuidadores, garantizando, de este modo, la adaptación directa y personal que atienda a las particularidades de cada usuario, eliminando así las intermediaciones onerosas que encarecen el coste del servicio y no responden a las necesidades requeridas por los usuarios.

En defensa de la iniciativa, la diputada de Vox Ana Gil ha señalado que las personas con discapacidad, a día de hoy, siguen sufriendo la ignorancia en sus reclamos y sus necesidades, que se han visto continuamente "mermados ante el rotundo fracaso de las políticas sociales que en este sentido se desarrollaron durante los gobiernos anteriores".

Ha señalado que se ha constatado el "fracaso" de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: "Fruto de este nefasto sistema, una media de 80 personas al día murieron en 2018 sin haber tenido la atención que les reconocía la ley mencionada".

Según Ana Gil, a día de hoy, ya son 60.380 andaluces los que están en lista de espera desde octubre de 2020, lo que requiere de un ejercicio de reflexión y de un análisis de la situación para poner en marcha las acciones necesarias que garanticen el bienestar de todas y cada una de las personas con esta condición en Andalucía y esclareciendo así el método más idóneo para mejorar el modelo actual.

Según ha agregado, muchas de estas asociaciones se han visto, además, en graves dificultades para atender a estas personas, habida cuenta de la crisis sanitaria que, como consecuencia del Covid-19 y las consiguientes medidas anticontagio, han hecho aún más complejo el desempeño de su labor.

Ha señalado que esta proposición no de ley va dirigida, por tanto, a facilitar la labor que desempeñan estas asociaciones mediante la concesión de ayudas. Ha destacado las importantes funciones que desempeñan para con estas personas, atendiéndolas incluso en sus propios domicilios, pues muchas de ellas, por ejemplo, no requieren o desean un internamiento en residencias, "como inexorablemente parece inducir el modelo actual".

Según ha expuesto, el coste de una persona con discapacidad y/o dependencia en una residencia se sitúa entre los 1.700 euros/mes y 3.000 euros/mes (dependiendo de algunos condicionantes, como los trastornos de conducta o el nivel de dependencia), mientras que las pensiones no contributivas están en torno a los 395 euros/mes y el 75% se destina como aportación personal al servicio, y el resto, corre a cargo de las administraciones públicas.

"Esto, además de insatisfactorio para los propios afectados, resulta insostenible para los prestadores del servicio, así como para la administración. De hecho, el coste del servicio de atención residencial y servicio de centro de día para las personas que padecen discapacidad supuso una subida de hasta un 6% a mediados de 2019, por lo que la Junta tuvo que cubrir con 19,8 millones de euros para incrementar la financiación de un servicio colapsado", según ha expuesto.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Soledad Pérez ha denunciado que la Junta ha reducido la representación de Cermi Andalucía en el Consejo de representación de las personas con discapacidd, y ha lamentado que la Comisión sobre la Discapacidad del Parlamento no se reúna con mayor periodicidad y que el Gobierno no quiera comparacer en ella. Ha criticado que las personas con discapacidad estén aún sin vacunar contra el Covid, lo que significa una "discriminación que sólo se puede achacar al Gobierno de las derechas".

El diputado del PP-A Rafael Caracuel ha indicado que, sin duda, había muchos por hacer en relación con los colectivos de personas con discapacidad tras casi 40 años de gobiernos socialistas. Ha defendido las líneas de ayudas a estas entidades, que necesitan de "voluntad y de hechos" y que se dé respuesta a sus demandas.

La parlamentaria de Ciudadanos (Cs) Mercedes López ha indicado que las asociaciones y entidades son las que realmente conocen la realidad de estos colectivos y no tiene que "venir nadie de fuera a decir qué hay que hacer" ni a dar "migajas". Ha señalado que el único partido que ha luchado y peleado por los derechos de las personas con discapacidad ha sido Cs. A su juicio, apoyar a la discapacidad no es sólo apoyar a las entidades, sino que es mucho más, "reconocer derechos y otorgar dignidad".

El diputado de Adelante Andalucía Jesús Fernández ha señalado que, sin duda, la pandemia del coronavirus ha tenido graves consecuencias para las personas con discapacidad y los colectivos y entidades han intentado mantener al cien por cien desde el primer día su trabajo, reforzando a pulmón las labores de limpieza y desinfección de los centros. Esta situación ha supuesto, según ha apuntado, un aumento de gastos tanto desde el punto de vista personal como material, lo que se ha unido a lo problemas estructurales que estas entidades tenían antes de la pandemia.