SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha admitido este miércoles que las irregularidades detectadas en sus informes en lo referente al procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos durante los años 2001y 2010 se encuentran en la Dirección General de Trabajo y no en el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Así lo ha respondido Turrión a preguntas de la defensa del exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo durante la sesión de este miércoles del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían dichas ayudas.
El interrogatorio de la abogada Encarnación Molino, que ejerce la defensa de Vallejo, ha estado centrado principalmente en la actuación en los hechos investigados de IFA/IDEA, ente público encargado de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran allegados a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, instrumento presupuestario que, según las acusaciones, evitaba el control previo de las ayudas.
Para Juan Antonio Carrillo, catedrático de Derecho Administrativo y perito propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, IFA/IDEA, que a partir de 2004 pasó a estar adscrita a Innovación en lugar de a la Consejería de Empleo, "no contraía compromisos de gastos ni obligaciones de pago" frente a terceros al firmar los convenios particulares con la Dirección General de Trabajo para la concesión de ayudas, en virtud del convenio marco de 2001 entre Empleo e IFA. "El compromiso de pago era de la Dirección General, a quienes los terceros podrían reclamar los impagos".
Aunque para Turrión, los convenios particulares "dicen que IFA/IDEA contrae obligaciones de pago frente a un tercero al aceptar los encargos de dichos convenios". "Qué grado de compromiso aceptaba IFA/IDEA Lo tendrá que valorar la Sala", ha añadido. Si bien, Carrillo y Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa de Griñán, han indicado que el ente "recibe un mandato y una orden de pago y tiene que hacerlo, sin que exista obligación frente a un tercero".
Frente a lo que señalan los peritos de la IGAE sobre la consignación de gastos "ficticios" en los presupuestos de IFA/IDEA para equilibrar las cuentas por la entrada de los fondos del 31L con las transferencias de financiación, Carrillo y Zornoza han coincidido en que no han encontrado nada al respecto en los informes del interventor delegado en el Control Financiero Permanente del ente. "El interventor de Control Financiero Permanente no lo dice, nosotros sí", ha precisado Turrión.
"JUICIOS DE VALOR, NO REPROCHES DE LEGALIDAD"
De otro lado, tanto Zornoza como Carrillo han indicado que cuando en los distintos informes de Control Financiero Permanente el interventor delegado señala que usar las transferencias de financiación para el pago de las ayudas es "no idóneo", "no es lo más acorde" o "incumplimiento", hacen "juicios de valor sobre la concordancia o adecuación del instrumento financiero pero no es un reproche de ilegalidad".
Como ya dijera en sesiones anteriores de las seis semanas que dura ya la prueba pericial conjunta, Turrión ha apuntado que IFA/IDEA, "en los años 2001 y 2002", adelantó "hasta en dos ocasiones, una de ellas en Santana", los pagos de las ayudas con sus fondos, incluso un pago fue "antes de que la Consejería de Empleo aprobará la modificación presupuestaria para aumentar los fondos para financiar las ayudas".
A preguntas de la abogada de Vallejo, Turrión ha reconocido "no recordar" si el interventor de Control Financiero Permanente "recomendó a IFA/IDEA dejar de pagar o de firmar" los convenios particulares, pero "sí ha recordado que recomendó revisar el procedimiento de concesión y pago de las ayudas a través de las transferencias de financiación".
De otro lado, Carrillo y Zornoza han asegurado que el consejero de Innovación "no tiene competencias sobre las actuaciones de otras consejerías", en este caso Empleo, ni sobre el presupuesto de este departamento. Tampoco podía actuar frente a las irregularidades en la Dirección General de Trabajo en la concesión de las ayudas.
Tras finalizar este miércoles el interrogatorio a los peritos del abogado del exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, el juicio continuará este jueves, con sesiones de mañana y tarde, con las preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero a los nueve miembros participantes en la prueba pericial.
