Peritos de las defensas cuestionan las irregularidades en las ayudas de los ERE: "Muchas no lo son"

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los peritos de parte propuestos por algunas de las defensas de los 22 ex altos cargos de la Junta que están siendo enjuiciados por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos han cuestionado la gravedad de las irregularidades señaladas por la Intervención General de la Junta con respecto al sistema de concesión de las subvenciones tras analizar 20 expedientes de ayudas para el informe adicional de Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) del ejercicio 2003.

Entre otras conclusiones, dicho informe señalaba que la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo, estaba concediendo las subvenciones "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", así como la ausencia de control previo de las ayudas por parte de la intervención delegada en Empleo.

¿Cree que puede existir menoscabo de la lectura de las conclusiones del informe adicional de 2003?, ha preguntado el abogado de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo al catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo, perito propuesto por esta defensa. En este sentido, el perito ha querido hacer dos "matizaciones", y es que, como ya dijo en su momento, los expedientes analizados y las irregularidades señaladas se hacen en base al marco normativo del Título VIII del Estatuto de Andalucía y la Ley General de Hacienda Pública, en la regulación subvencional.

"Pero yo pongo en cuestión que ese sea el régimen aplicable" a las ayudas investigadas. Aún así y "suponiendo que lo fuera", entiende que esas conclusiones, en concreto la de "prescindir del procedimiento legalmente establecido", son "una calificación jurídica", que cabe dentro del Control Financiero Permanente de IFA, después Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Es una calificación " de un vicio de nulidad de pleno derecho".

NO RECOGE RECOMENDACIONES E INSTRUCCIONES

No obstante, ha asegurado que alcanzar esta conclusión por las irregularidades detectadas es "discutible" y ha precisado que, "en todo caso, el informe adicional no recomienda nada".

Además esas irregularidades "no se califican como riesgo de menoscabo de fondos públicos, ni se recomienda nada, ni que se inicie procedimiento de reintegro de las ayudas ni que se inicie expediente de revisión de oficio. No se da ninguna instrucción a la Consejería de Empleo ni a IFA/IDEA. Tampoco se advierte expresamente del riesgo de menoscabo", ha manifestado Carrillo.

Al hilo de esto, el perito ha explicado que omitir un trámite "esencial" de un procedimiento sería equivalente a prescindir del procedimiento establecido, por lo que "habría que ver que trámites de los que se omiten --en el sistema de concesión de ayudas de los ERE-- son esenciales".

Entrando en el análisis de las irregularidades, Carrillo ha asegurado que "muchas no lo son", pues son trámites que "no proceden", ya se aplique el marco normativo subvencional o la Orden Ministerial de 1995 para la concesión de ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestucturación de empresas, como el dictamen jurídico del Gabinete Jurídico de la Junta del convenio marco o la remisión de las ayudas a la Unión Europea.

"El resto son trámites muchos de ellos subsanables como no aportar por parte de los trabajadores informe de estar al corriente con la Seguridad Social", ha añadido Carrillo.

Además, ha insistido que el informe adicional no dice "cuáles son exactamente los trámites esenciales que conllevan un vicio de nulidad".

Para Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), las irregularidades por las que concluye la Intervención General de la Junta que se dieron ayudas prescindiendo del procedimiento legalmente establecido "son todas las que pueden darse en la concesión de subvenciones. Creo que no podía haber más".

Por su parte, Juan Zornoza, uno de los peritos propuestos por la defensa del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, ha expresado "su osadía" de decir que las irregularidades "le dan lo mismo" porque en ningún caso el informe adicional "no fue tramitado como un informe definitivo para convertirse en un informe de actuación".

Además, en el informe adicional de 2003 "no se aprecia la existencia de menoscabo". Si se apreciara riesgo de menoscabo, el interventor general, en este caso el acusado Manuel Gómez Martínez, "hubiera estado obligado legalmente a emitirlo y nunca lo hizo". Cabe recordar que para los peritos de la IGAE, el interventor general debió emitir informe de actuación ante el "cúmulo" de irregularidades detectadas.

Sobre esto, Carrillo ha señalado que "de ninguna manera" el informe adicional, que no está reglado, puede asimilarse a un informe de actuación.

De otro lado, ha asegurado que la viceconsejera de Hacienda, en el momento Carmen Martínez Aguayo, pues el informe adicional se conoció en 2005, no tiene competencias para adoptar medidas, "ni nadie en Hacienda", tras la emisión del informe. A su juicio, el informe adicional "no contiene recomendaciones" por lo que "quien leyera el informe en la Consejería no tenía que haber advertido a Martínez Aguayo porque tenía que algo".