CÓRDOBA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía solicita un total de 103 años de prisión y una multa de unos dos millones de euros para nueve acusados, uno de ellos agente de la Guardia Civil de baja y con antecedentes penales, por supuesto tráfico de cocaína en Córdoba capital y el municipio cordobés de Fernan Núñez, tras una investigación llevada a cabo a finales de 2010.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial el día 25 de noviembre de 2010, sobre las 20,30 horas, intervino en una operación en la capital en la que registró varios vehículos de tres de los acusados que supuestamente iban a realizar una operación de compra de una importante cantidad de droga.
En concreto, los agentes intervinieron en uno de los coches una bolsa con cocaína con un peso aproximado de 250 gramos y dos láminas envueltas en caucho con cocaína con un peso aproximado de 1,1 kilo; en un segundo vehículo, encontraron dos bolsas de plástico con seis 'fajos' de billetes plastificados con 'film' transparente con un cantidad total de 34.970 euros, dispuesta supuestamente para la adquisición de la sustancia estupefaciente intervenida.
Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Córdoba, equipo de Montilla, el día 26 de noviembre de 2010, entre las 12,20 y las 16,15 horas, se llevaron a cabo entradas y registros judicialmente autorizados, en cuatro domicilios y una casa de campo, situados en Córdoba y Montilla, donde se localizaron varios teléfonos, ordenadores y básculas; una bolsa de plástico con hojas de marihuana que pesaron 220 gramos; una caja con 600 euros, entre otros objetos.
La Policía Judicial determina que existe un grupo de personas, al menos todos los procesados, que coordinadamente realizan actividades de tráfico de estupefacientes de sustancias que causa grave perjuicio para la salud, en este caso cocaína.
Por estos hechos, el Ministerio Público acusa a los nueve implicados de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y solicita para ellos penas de prisión que oscilan entre los 16 años para uno de los acusados, agente de la Guardia Civil en situación de baja para el servicio y con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, y los diez años de cárcel.
