PP insta al PSOE a explicar si hubo sobresueldos irregulares en Sierra Nevada tras el procesamiento de la exdirectora

GRANADA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Granada ha instado a la dirección provincial del PSOE a que explique "qué uso hacía de los fondos públicos" en Cetursa una vez que el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha procesado a la que fuera consejera de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, la socialista María José López, y al exdirector de finanzas entre los años 2010 y 2017.

Concretamente, el Juzgado ha dictado auto de procedimiento abreviado contra ellos por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales. La causa se abrió en torno a 2019 a raíz de una denuncia de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en sus nóminas a cargo de fondos públicos durante su etapa de gestión en Cetursa tras un informe remitido por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

La parlamentaria andaluza del PP Rosa Fuentes ha lamentado que "estemos ante otro presunto caso en el que no está claro cómo los socialistas hacían uso del dinero de todos los granadinos cuando estaban al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía", en lo que ha considerado "una de las etapas más oscuras de la historia de la comunidad con casos como el los ERE".

"Estamos ante otro bochorno del que quedan muchas preguntas por contestar y el Partido Socialista que fue quien puso al frente de Cetursa a la señora María José López aún no ha explicado a los granadinos qué ha pasado y qué uso se hacía del dinero, si hubo supuestamente sobresueldos o si se inflaron sueldos en un momento además de crisis mientras la estación decaía por falta de inversiones", ha dicho Fuentes que ha asegurado que estamos ante unos hechos "muy graves que tienen que aclarar para saber si se cobraron cantidades indebidas en sus nóminas a cargo del erario público".

La diputada autonómica, que ha recordado que la causa se abrió a raíz de una denuncia del Ministerio Público, ha lamentado que "de nuevo seguimos conociendo casos de presunta corrupción en Andalucía de un socialismo que sigue sin dar la cara y sin pedir perdón a los granadinos y a los andaluces".

Ha recalcado "que no estamos ante una denuncia política sino a un procedimiento judicial ante la presunta comisión de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos que bien merece una explicación a toda la sociedad granadina".

"El PSOE de Granada no puede seguir callado. Los granadinos tienen derecho a saber si con sus impuestos hubo personas que cobraron cantidades de manera irregular en sus nóminas a sabiendas", por lo que ha reclamado luz y taquígrafo para que se esclarezca el uso del hasta el último euro del dinero público en la empresa bajo el gobierno socialista.

LA DENUNCIA

La investigación judicial deriva de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra estos dos exaltos cargos de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada. La apertura de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal comenzó el 23 de noviembre de 2018 con el informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

El citado informe indicaba que el director de organización y finanzas de Cetursa habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017, según informó en su día la Fiscalía Superior de Andalucía en un comunicado remitido a los medios.

Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía --Consejería a la que había quedado adscrita Cetursa-- presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010.

La Fiscalía pedía, entre otras cuestiones, que se investigaran las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las Leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.

En diciembre de 2015, la exconsejera de delegada de Cetursa, María José López, reestructuró el organigrama directivo de la empresa pública y ordenó el cese de los directores de área y creó de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa. La Fiscalía solicitó al Juzgado que investigara esta decisión por entender que "podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las Leyes presupuestarias".