GRANADA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El promotor del Centro Comercial Nevada, Tomás Olivo, no ha solicitado aún al Ayuntamiento de Armilla (Granada) la licencia preceptiva para proceder a la demolición de los 1.446 metros de la esquina sur del edificio declarados ilegales por invadir zona verde, pese a que tiene poco tiempo para agotar el plazo de ocho meses que le concedió el Juzgado de lo Penal 3 de Granada el pasado mes de julio para acometer los trabajos.
Así lo ha señalado a Europa Press el alcalde del municipio, Antonio Ayllón (PP), que además ha recordado que un técnico municipal visita semanalmente el centro comercial y remite al juez un informe de los posibles cambios realizados, después de que la Audiencia autorizara una serie de obras de seguridad.
De lo que sí informó Olivo recientemente al Ayuntamiento y al Juzgado es de su intención de instalar luces de Navidad en el edificio, que felicita las 'Felices fiestas' pese a estar aún cerrado. "Como las luces no necesitan de una instalación definitiva se le dio luz verde sin problemas", ha señalado Ayllón, que confía en que la apertura del centro sea finalmente posible, ya que está previsto que genere cientos de puestos de trabajo.
Fue el pasado 20 de julio cuando la promotora General de Galerías Comerciales obtuvo ocho meses más de plazo para demoler la superficie del edificio que invade zona verde, con el consenso de todas las partes personadas y después de que la Fiscalía de Granada no se opusiera a la suspensión de la orden judicial que le daba cuatro meses a Olivo para acometer el derribo.
La reunión en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada concluyó además con la petición de las partes de que Olivo aumentara la fianza prevista, que es la cantidad que costará la demolición, de 150.000 euros a 300.000. Finalmente, el promotor accedió y obtuvo por tanto el visto bueno para prorrogar ocho meses el plazo que se le había otorgado para proceder a los trabajos de derribo.
El acuerdo entre las partes produjo después de que el 9 de julio también aceptaran que el promotor compensase los 1.000 metros que invadió del Camino Viejo de Alhendín con unos terrenos adyacentes de la misma superficie. Eran los 1.000 metros que la Audiencia de Granada sumó como ilegales a los 1.446 que se invadieron de zona verde y que se incluyeron en la primera sentencia, de la que se cumplen ahora dos años. El tribunal dejaba la puerta abierta a que esos 1.000 metros se compensaran con terrenos o económicamente, en lugar de proceder a la demolición, que es la única alternativa que le queda al promotor para los otros 1.446.
Los terrenos con los que el promotor compensará al Ayuntamiento de Armilla están ubicados en la Unidad de Ejecución 9 de Armilla (UE), bajo los que la empresa de Olivo, General de Galerías Comerciales, había construido un aparcamiento.
La Audiencia de Granada, que aumentó las penas de cárcel para los condenados de siete a quince meses de prisión, y que condenó a ocho meses de los cuatro ediles que votaron a favor de la licencia, consideró, tras revisar los recursos presentados al fallo, que el Nevada invadió también parte del Camino Viejo de Alhendín, unos 1.000 metros, además de los 1.466 que contempló el Penal 3. No obstante, dejó la puerta abierta a que esos 1.000 metros de más fueran devueltos por Olivo como compensación a Armilla en otros terrenos, posibilidad esta última por la que ahora ha optado.
Precisamente el tribunal provincial devolvió hace unos meses las actuaciones al Penal 3 para que procediera a la ejecución de la sentencia, que después se concretó en un plazo de cuatro meses para la demolición de esa pequeña parte del edificio, que ocupa un total de 275.000 metros cuadrados, que ahora Olivo han sido ampliados a otros ocho meses.
Al margen del proceso judicial, el Ayuntamiento de Armilla y la Junta de Andalucía mantienen conversaciones abiertas para legalizar el Nevada y posibilitar su apertura en el menor plazo posible, teniendo en cuenta los empleos que podría generar. El municipio de Armilla ha remitido a la Consejería de Obras Públicas documentación de subsanación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para su adaptación a la normativa vigente, documentación que la Administración Autonómica está analizando.
