GRANADA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE pedirá una comisión de investigación en los municipios que adjudicaron servicios a la empresa Intralia, del que fuera presdiente de NNGG del PP de Otura, Javier Lisarte. Los grupos municipales socialistas elevarán su petición mediante una moción concretamente en los ayuntamientos de Granada, Otura, Guadix y Gójar, en los que la empresa consiguió contratos por un total de 324.000 euros.
Así lo anunció hoy en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE granadino, Mercedes González, que consideró que desde estos ayuntamientos, gobernados todos por el PP, excepto Gójar, que lo estuvo en el anterior mandato, se le ha otorgado un "claro trato de favor" a Intralia, a la que se han adjudicado los servicios "a dedo".
González indicó que el de Granada fue el primer ayuntamiento que contrató a Intralia un mes después de que Lisarte la dirigiera, consiguiendo un total de 150.000 euros, sin contar con lo que los usuarios han tenido que abonar por la actividad ofrecida. En Guadix fue la adjudicataria de las escuelas de verano, por un importe de 11.500 euros --5.400 euros más que la que las gestionó el año anterior-- en las que cada niño pagó además cinco euros más que en otras ocasiones. En Gójar la empresa logró casi 50.000 euros por actividades culturales supuestamente realizadas en 2007, en el periodo de gobierno del PP, y en Otura obtuvo más de 118.000 euros.
"Es un claro trato de favor, con adjudicaciones a dedo y además sin beneficios que las justifiquen", mantuvo la representante socialista, que precisó que el PSOE no pretende "vetar" al joven empresario, sino que considera no tolerable que se favorezca a una empresa en detrimento de otras por las siglas.
Por esa razón, los socialistas solicitan que se determinen los procedimientos por los que se adjudicaron los contratos a Intralia, para dar "total transparencia" al expediente, y piden al PP provincial "que ponga orden en sus filas" y adopte las medidas disciplinarias que considere oportunas.
El PSOE aseguró asimismo que, de no prosperar la creación de la comisión de investigación propuesta en estos ayuntamientos, el asunto se llevará a la Fiscalía, para que pueda determinar si existió o no delito en las adjudicaciones.
