SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
Durante la segunda sesión del juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), --pieza separada de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos y las ayudas supuestamente arbitrarias y sin publicidad--, la defensa del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera ha señalado la situación concreta de este acusado, que afronta penas que suman "más de 250 años" al estar investigado en más de 50 piezas separadas.
En esta pieza separada de las subvenciones autonómicas a Acyco están acusadas 12 personas, entre ellas varios exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, como son el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y el ex director general del antiguo IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano.
Además, están acusados Encarnación Poto como presidenta del consejo de administración de Acyco; el director de Recursos Humanos de la empresa, Gabriel Barrero; el abogado José Miguel Caballero; los directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, y Andrés Carrasco Muñoz, amigo de Francisco Javier Guerrero y prejubilado con cargo al ERE promovido en esta empresa pese a no formar parte de su plantilla.
Sobre el asunto pesa la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que condena a 19 de 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, --entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán--, juzgados por dicha instancia a cuenta del procedimiento específico a través del cual eran financiadas las subvenciones autonómicas con las que fueron incentivados los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
Y es que salvo Daniel Alberto Rivera, todos los ex altos cargos de la Junta afectados por esta causa correspondiente al ERE de Acyco fueron juzgados y además condenados por la Sección Primera de la Audiencia en la sentencia ya descrita, recurrida ante el Tribunal Supremo por las diferentes partes.
EL CRITERIO DE LA SECCIÓN SÉPTIMA
Pesa además el principio 'non bis in ídem', por el que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos, un principio señalado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla con relación a las personas afectadas por el juicio celebrado por la Sección Primera de la Audiencia y saldado con la mencionada sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos de la Administración andaluza juzgados entonces; entre ellos, como ha sido indicado, Antonio Fernández, Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano.
No obstante, dicho criterio de la Sección Séptima es posterior a la apertura de juicio oral decidida por el Juzgado de Instrucción número seis respecto a los acusados en la pieza correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas a Acyco.
En ese contexto, esta segunda sesión del juicio correspondiente a las ayudas autonómicas concedidas a la empresa Acyco ha estado también centrada en las cuestiones previas alegadas por cada una de las partes personadas en el procedimiento.
Después de que los abogados defensores del exconsejero Antonio Fernández, de Guerrero y del exviceconsejero Agustín Barberá reclamasen en la primera sesión la exclusión de los mismos de esta causa, invocando el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia respecto a las personas juzgadas por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, la defensa de Rivera se ha adherido a las tesis de tales letrados, corroborando que con relación a estas personas, las ayudas concedidas a Acyco "están integradas" en el juicio ya celebrado por la Sección Primera y rige el principio 'non bis in ídem'.
LA SITUACIÓN DE RIVERA
La defensa de Rivera ha recordado que la situación de su patrocinado "no es la misma" que la de Antonio Fernández, Guerrero, Barberá, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano, pues él fue finalmente excluido de la pieza correspondiente al denominado como "procedimiento específico" mediante el cual fueron financiadas ayudas como las otorgadas a Acyco.
En ese sentido, ha señalado que las acusaciones "no recurrieron" el sobreseimiento de las actuaciones respecto a Rivera con relación al denominado como "procedimiento específico", que según ha insistido "integra" lo relativo a las subvenciones abordadas en esta pieza de Acyco. "No se puede pretender abrir una causa nueva sobre los mismos hechos", ha manifestado.
Y especialmente, la defensa de Rivera ha lamentado que "en virtud del sobreseimiento" dictado respecto al mismo con relación a la causa del denominado como "procedimiento específico" de los ERE, este ex director general de Trabajo afronte ahora "más de 50 causas distintas" relativas a las piezas separadas por las diferentes subvenciones financiadas con cargo al mecanismo enjuiciado por la Sección Primera.
QUIENES "AUTORIZABAN" A RIVERA
Así, ha lamentado que se haya suscitado una situación en la cual quienes "autorizaban" a Rivera han sido condenados a penas de cárcel de "seis o siete años" en la sentencia de la Sección Primera sobre el "procedimiento específico", mientras este ex director general de Trabajo afronta penas globales que suman "más de 250 años" de cárcel a cuenta de las piezas separadas en la que figura como investigado.
Además, ha avisado de que al haber sido sobreseída respecto a él la causa del "procedimiento específico", en el juicio celebrado al respecto por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla "no ha tenido la oportunidad de defenderse" con relación a dicho sistema "irregular" de financiación, cuyo "conocimiento" se le atribuye expresamente en este caso.
