Sandra García, al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio: "2021 será el año de la reconstrucción social y económica"

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de España en Andalucía, Sandra García, ha transmitido este jueves al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía que "el 2021 será el año de la reconstrucción social y económica".

Así lo ha señalado en una reunión virtual con miembros del pleno de las Cámaras de Comercio, con su presidente a la cabeza, Javier Sánchez Rojas, en la que han analizado el actual escenario socioeconómico, las medidas implementadas por el Gobierno para hacer frente al Covid-19 "pensando en las personas, las familias y las empresas", así como el destino de los 23.643 millones de euros recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

Durante el encuentro, la delegada ha reconocido que "el diálogo social seguirá siendo clave para ese objetivo compartido de comenzar la reconstrucción, que continuará los pasos de una hoja de ruta ya diseñada: el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, financiado con fondos europeos y que permitirá que España obtenga financiación por hasta 140.000 millones, de ellos 72.000 en forma
de transferencias".

Especialmente en sectores como la industria, el comercio y el turismo, Sandra García ha dado a conocer la Estrategia España Nación Emprendedora, cuyo objetivo básico es propiciar el cambio estructural hacia un modelo económico más emprendedor en todos los sectores y en el conjunto del territorio.

Haciendo un recorrido por los sectores a los que atiende dicha estrategia y en lo relativo al comercio, ha anunciado que durante 2021 el Gobierno aprobará el Plan de Impulso del Sector Comercial, "que tiene como objetivo seguir dando respuestas ante la actual crisis sanitaria y económica que afecta severamente al sector comercial, además de contribuir en paralelo a su transformación y
modernización".

A esta primera línea se suman el Plan de Choque frente a la Covid-19 en apoyo a la internacionalización destinado a mantener el tejido exportador español y la aprobación, en el primer trimestre de 2021, del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, cuyos objetivos son conseguir que el sector exterior vuelva a ser pilar de crecimiento y empleo en la recuperación.

En materia turística, Sandra García ha destacado que el Gobierno de España está trabajando para poner en marcha el Plan de modernización y competitividad del sector turístico, cuyo objetivo es que España siga siendo el país más competitivo del mundo en términos turísticos y abordar la transformación del modelo turístico hacia un turismo sostenible, digital, accesible, inclusivo y seguro.

Otro de los elementos fundamentales de la apuesta del Gobierno por el turismo del futuro, ha señalado la delegada, es la inversión en destino turístico, tanto de litoral y maduro, como de interior o urbano a través de los Planes de Sostenibilidad Turística. La digitalización del sector es otra de las prioridades y para la que se va a desarrollar una iniciativa pionera: una plataforma de datos
públicos y privados que permita desarrollar estratégicamente inteligencia turística en España para optimizar la toma de decisiones de nuestras empresas, así como la búsqueda y fidelización de turistas internacionales.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

En todos los planes la delegada ha subrayado la importancia de la figura de colaboración público privada a través de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes), ya que, ha apostillado, "la colaboración público-privada será clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", de ahí que Sandra García haya tendido la mano a los miembros del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio "para emprender este camino juntos y superar el impacto de la pandemia".

RED DE PROTECCIÓN PARA TRABAJADORES Y FAMILIAS

"El Gobierno de España es consciente de las dificultades que está atravesando el empresariado", ha asegurado la delegada del Gobierno, que ha recordado la red de seguridad diseñada para proteger a las empresas y trabajadores, además de la movilización de 7.635 millones de recursos extra a Andalucía para que la Junta pudiera hacer frente a los gastos derivados de la crisis sanitaria y social, así como los 1.881 millones que la comunidad recibirá de los fondos europeos REACT-EU y que la Junta debe destinar a educación, sanidad y servicios sociales y a apoyar a los sectores económicos más dañados por la crisis.

Desde el inicio de la crisis y hasta el 30 de septiembre, Sandra García ha recordado que 290.314 autónomos recibieron algún tipo de prestación, a los que se suman otras medidas económicas y sociales como la aprobación de 149.925 avales ICO, que afectan a 96.979 empresas, con un importe avalado es de 10.790,3 millones de euros y una financiación total de 13.868 millones euros; con ayudas para trabajadores por cuenta propia de las que se han beneficiado unos
250.000 autónomos andaluces desde el inicio de esta medida; o los ERTE, de los que se han beneficiado 570.864 trabajadores andaluces desde el comienzo de la pandemia, con un coste acumulado en el entorno de los 1.708 millones de euros.

"Pero entrar en el año de la reconstrucción no supone detener el respaldo social y económico iniciado en 2020", ha asegurado la delegada, por lo que ha hecho mención a la aprobación en el último Consejo de Ministros de la prórroga a la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero y la extensión de los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30
de junio de 2021.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA ANDALUCÍA

La delegada del Gobierno también ha repasado con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio diversos aspectos estratégicos para Andalucía como, entre otros, los corredores ferroviarios, las infraestructuras industriales del agua o la llegada de fondos europeos.

Asimismo se han abordado otros asuntos como la situación de empresas y trabajadores del Campo de Gibraltar tras el Brexit, las
gestiones realizadas por el Ejecutivo para garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores transfronterizos de Gibraltar, aspectos fiscales y la posibilidad de ayudas directas a empresas, además de otras infraestructuras esenciales en el conjunto de las provincias andaluzas.