SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo que presentó el Grupo Parlamentario Socialista contra el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía, que fue convalidado en la Diputación Permanente de la Cámara autonómica en una sesión celebrada el 2 de abril del pasado año con los apoyos de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox.
La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles la admisión a trámite de este recurso de amparo del PSOE-A por parte del TC, en un comentario en su cuenta de Twitter en el que ha puesto de relieve que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "hurtó al Parlamento el debate sobre el decretazo que modificó de golpe 21 leyes y seis decretos", en alusión a dicha norma de simplificación administrativa.
Susana Díaz ha acompañado su comentario de la notificación del TC, fechada este pasado 25 de enero, sobre la admisión a trámite de este recurso por parte de la Sección Segunda de la Sala Primera del alto tribunal, que señala que en dicho recurso concurre "una especial trascendencia constitucional", porque "plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina en este tribunal".
De igual modo, la citada sección ha acordado dirigir al Parlamento andaluz una comunicación, a través de su Presidencia, para que, "en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada del expediente administrativo relativo a las resoluciones de la Presidencia de dicho Parlamento de fecha 8 de marzo de 2020, así como de la convocatoria de la Diputación Permanente (...) de fecha 31 de marzo de 2020, y de los acuerdos de dicha Diputación adoptados en sesiones de fechas 25 de marzo y 2, 16 y 24 de abril de 2020".
En un comunicado, el portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía, Carmelo Gómez, ha aplaudido que el TC comience a investigar "esta forma de gobernar, porque no puede quedar impune y constituye, como ya dijimos en su momento, un fraude normativo y parlamentario, un fraude jurídico y político".
El pasado mes de octubre, el TC ya admitió el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores del PSOE contra este "decretazo aprobado por la puerta de atrás, en una Diputación Permanente y utilizando la excusa del estado de alarma". "El gobierno de Moreno Bonilla hurtó así al Parlamento y a sus diputados del debate, y a la sociedad su participación", ha criticado el parlamentario socialista.
Carmelo Gómez ha remarcado que el citado decreto se convalidó en "un órgano con la representatividad de los ciudadanos mermada" como la Diputación Permanente del Parlamento, convocada tras decretar el Gobierno el primer estado de alarma por la pandemia de la Covid-19, y con la "única urgencia de legalizar emisoras de radio piratas, cambiar el régimen sancionador de la Ley Audiovisual de Andalucía amnistiando sanciones millonarias; la desaparición de restricciones medioambientales y de protección del patrimonio histórico, entre otras barbaridades".
Un decreto que, "lejos de simplificar, aporta inseguridad jurídica e incertidumbre económica y social a empresas, autónomos, ciudadanos e instituciones, precisamente en un momento tan complicado como el que atravesamos", según ha zanjado el parlamentario socialista.
