SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El juicio que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla contra cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos tres ex directores generales de Trabajo, y el dueño de Umax Informática y Consultoría por los pagos realizados entre 2003 y 2010 por la Consejería de Empleo a esta empresa por la contratación de 44 trabajadores ha continuado este martes con la declaración de seis testigos, entre ellos, quien fuera jefa de Servicio de la Consejería de Empleo, que ha indicado quela Junta sigue contratando personal externo y tiene "una plantilla paralela" a la conformada por los funcionarios.
Según han informado fuentes del caso a Europa Press, esta testigo ha señalado que lo que "aquí" se juzga "la Junta lo sigue haciendo, contratando personal externo", algo que por otra parte es legal. Si bien, como funcionaria, ha denunciado que la Administración autonómica sigue contratando personal externo para tener "una plantilla paralela", y aunque sólo se juzgue a Umax, hay más empresas pues es una práctica habitual en la Junta.
También han declarado dos secretarios generales de las delegaciones de Empleo en Jaén y Almería. Este último ha señalado que "no" recibió "indicaciones" ni realizó contrataciones con Umax. La secretaria general en Jaén ha manifestado que "hizo tres contratos" con Umax por el procedimiento "legalmente establecido". Además, ha apuntando que en julio de 2007 recibió un correo de una jefa de Servicio de Empleo indicando tres sociedades a las que había que invitar en la licitación de un contrato menor --Umax Informática y Consultoría, Inaria Consultores y Square Inversiones--.
Precisamente aquella jefa de Sercicio ha testificado también este martes y no ha sabido especificar quién le dijo que hiciera estas indicaciones.
Otro de los testigos ha sido Javier Gallego, quien ha reconocido que conocía al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de El Pedroso (Sevilla), quien le dijo que enviase el currículum a Umax, donde fue contratado para trabajar en la Delegación Provincial de Trabajo, donde permaneció hasta 2008.
Igualmente, ha testificado la secretaria general técnica de la Consejería de 2010 a 2013 que puso la denuncia ante la Fiscalía por este caso tras recibir en 2012 una reclamación por impagos de las facturas desde 2007 hasta 2010 de Ulpiano Cuadrado, dueño de Umax, de lo que "antes no tenía constancia".
Cuadrado presentó entre 2011 y 2012 tres escritos a la Consejería de Empleo reclamando 1,5 millones de euros por los trabajos realizados por empleados de Umax en la Dirección General de Trabajo entre 2007 y 2010.
En su denuncia, siguiendo las instrucción de los letrados de la Junta, habla de "un concierto de voluntades" de los tres directores generales de Trabajo acusados, Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. A juicio de la defensa del segunda, la abogada Inmaculada Torres, ha evidenciado una contradicción, pues hasta la reclamación de Cuadrado no tiene constancia de Umax pero habla de acuerdo de voluntades.
Además, ha indicado la testigo que la reclamación del dueño de Umax era ante la Consejería de Empleo no a la Dirección General de Trabajo. Precisamente esta testigo ha señalado que las facturas para contratos menores pueden valer como documento contractual, en base a la legislación vigente. El juicio continuará el próximo día 29 con la declaración de doce testigos.
Cabe recordar que en este procedimiento se juzga a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina, y al administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado, por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
Guerrero, Márquez, Aguado y Medina han sido juzgados recientemente en la Audiencia por la pieza de los ERE por el procedimiento específico, cuyo juicio quedó visto para sentencia antes de Navidad.
LA FISCALÍA PIDE 10 AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía de Sevilla solicita diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta de Andalucía acusados en este procedimiento. Además, reclama para éstos nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación; seis años de prisión y 18 de inhabilitación por el delito de malversación, y cuatro años de cárcel y otros cinco años de inhabilitación, además del pago de una multa de 13.500 euros, por un delito de falsedad, mientras que para Ulpiano Cuadrado solicita en total ocho años y medio de prisión y el pago de una multa de 7.500 euros.
Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía con 2.556.036,2 euros por las cantidades "indebidamente" percibidas desde el año 2003 hasta el año 2010, cantidad de la que responderá subsidiariamente la entidad Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
A juicio del Ministerio Público, todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación" de Umax, "a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la Dirección General de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían con los requisitos para ello".
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los pagos derivados de este tipo de contratación "se realizaron bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados".
Asimismo, señala que "se ha podido comprobar" que el personal contratado por Umax "prestó servicios para la antigua Consejería de Empleo, ejerciendo funciones en las sedes de varios órganos directivos y administrativos de la misma y realizando en algunos casos tareas que deberían haber sido efectuadas por personas integradas en la función pública de la Junta, por ser de la naturaleza que sustenta la propia existencia de dicha función durante el tiempo que va desde el año 2003 hasta el año 2010".
El Ministerio Público asevera que los trabajadores que fueron contratados "pertenecían al círculo de amigos y familiares" de Guerrero, que fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, cargo en el que le sustituyeron Juan Márquez, entre 2008 y 2010, y Daniel Alberto Rivera, de 2010 a 2012, añadiendo que estos dos últimos, "conocedores de la irregularidad en la forma de contratación, consintieron y siguieron contratando a estas personas con el fin de obtener un ilícito beneficio patrimonial personal".
De su lado, afirma que los dos ex secretarios generales técnicos encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería fueron Francisco Javier Aguado Hinojal, que desempeñó su cargo desde 2004 hasta 2008, y Lourdes Medina Varo, que lo hizo hasta mayo de 2012.
