SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un abogado imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que requiera a la Junta de Andalucía para que, en relación a las pólizas que sirvieron de base para imponerle una fianza de responsabilidad civil de 34,8 millones de euros, cuantifique el importe "que se presume defraudado, una vez detraídos los importes de las mismas correspondientes a pagos con causas justas y legales".
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado imputado, Carlos Leal, recurre de este modo el auto del pasado 31 de julio en el que la instructora rechazó anular o reducir la fianza civil que le impuso la juez Mercedes Alaya el 6 de julio de 2013.
El abogado recuerda que el 3 de julio de 2014 presentó un escrito de alegaciones, que 14 meses después, no ha sido contestado por el Juzgado, e incide en que las medidas cautelares adoptadas "traen causa inicial de los desatacados errores en los que incurrieron los atestados" elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Estos atestados, según lamenta, son "ejemplos de precipitación y desacierto" y provocaron "actuaciones desproporcionadas con detenciones injustificadas e innecesarias en el entorno familiar y profesional" del imputado "y registros fundados en la búsqueda de una supuesta, pero inexistente, contabilidad paralela de fondos públicos, tan solo presumida desde las premisas delictuales con las que se redactaron los atestados incompatibles estos con las exigencias del derecho de presunción de inocencia".
"GRAVES" IMPUTACIONES
"No hay que olvidar que estos mismos atestados sirvieron de base para las graves imputaciones" formuladas al encausado, "y de la prisión que se le decretó, y que se logró eludir mediante la prestación de la fianza que se fijó, y ello pese a la 'escasa relevancia de su participación más allá de su conocimiento y lucro', que destaca expresamente el auto" recurrido, sostiene el abogado.
El letrado destaca en su recurso que la acusación que ejerce la Junta, en el escrito donde se opuso a la petición del dueño de Uniter, José González Mata, para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales público, alegó que el importe de las pólizas a través de las que se dispuso de dinero público para pagar a las aseguradoras se debió a "una causa justa o legal...".
De esta manera, la propia acusación particular que ejerce la Junta "excluye del supuesto quebranto económico injustificado, ilegítimo o ilegal lo que podría considerarse la casi totalidad del dinero público con el que se financiaron las pólizas tan cuestionadas en esta instrucción, ya que su disposición devino de causa justa o legal, lo que hace inviable que pueda seguir considerándose dichos importes como presuntamente defraudados y merecedores por tanto de afianzamiento ante eventuales responsabilidades pecuniarias".
PAGOS "CON CAUSAS JUSTAS Y LEGALES"
"La expresa, e impresa, constatación de lo anterior sería suficiente para atender la solicitud de minoración" de la fianza civil impuesta, "pero si por sí solo este reconocimiento implícito de la Junta no fuera suficiente para que se adoptase tal decisión, nada impide que se requiera a la Junta para, que en relación a las pólizas que en su día sirvieron de base para el cálculo de las eventuales responsabilidades pecuniarias, cuantifiquen el importe que se presume defraudado, una vez detraídos los importes de las mismas correspondientes a pagos con causas justas y legales".
Al hilo de ello, y en caso de que la juez no estime el recurso, el abogado imputado interesa que se requiera a la Junta para que, en relación a los importes de las pólizas que sustentaron el cálculo de las "hipotéticas" responsabilidades pecuniarias impuestas, "cuantifique la cuantía de dinero público que se presume defraudada".
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