SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de libertad sin fianza planteada por la defensa de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero e imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, alegando para ello "la posibilidad de que existan bienes" para poder hacer frente a la fianza de 75.000 euros que le fue impuesta por la juez Mercedes Alaya.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha acogido en la mañana de este jueves, a puerta cerrada, una vista para debatir la petición de libertad sin fianza del exchófer de Guerrero --encarcelado desde el pasado mes de marzo--, en la cual tanto el fiscal como el letrado de la Junta de Andalucía se han opuesto a dicha solicitud alegando ambas acusaciones que el imputado podría poseer bienes suficientes para hacer frente al pago de la fianza.
En declaraciones a los periodistas tras finalizar la vista, el abogado de Trujillo, Antonio Aguilar, ha argumentado, por el contrario, que su cliente "carece" de bienes para abonar la fianza impuesta por la juez Mercedes Alaya, mientras que su familia es "humilde" y su círculo de amigos "carece de capacidad económica para prestarle ayuda", a lo que se suma que lleva ya casi siete meses interno en la cárcel de Morón de la Frontera tras ser imputado por 22 delitos en la causa de los ERE.
Al hilo de ello, el letrado del exchófer de Guerrero ha subrayado que éste "no tiene para pagar" los 75.000 euros de la fianza, y esa "imposibilidad" de abonar la misma "es el único requisito que le impide estar en libertad", todo ello frente a otros imputados en la causa que sí han podido pagar la fianza, como es el caso del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, quien salió en libertad el pasado agosto tras pagar 450.000 euros.
"ES IMPOSIBLE QUE PUEDA PAGAR LA FIANZA"
"Es imposible que pueda pagar la fianza", ha reiterado Antonio Aguilar, quien ha explicado que su defendido, tal y como marca la Ley, ha participado en la vista a través de una videoconferencia con la cárcel de Morón de la Frontera, aunque "no ha hablado", aseverando en este sentido que Trujillo no ha pedido ser trasladado de cárcel.
Asimismo, y sobre la posible existencia de riesgo de fuga, el abogado ha recordado que la misma Sección Séptima de la Audiencia Provincial, por medio de un auto, "ya dejó claro que no existe tal riesgo".
Hay que recordar que la juez Alaya accedió a rebajar a la mitad la fianza inicial de 150.000 euros fijada por la Audiencia Provincial por entender que "excede de las posibilidades económicas" del imputado, pues los saldos de sus cuentas bancarias son negativos, aunque "no deben perderse de vista las cuantiosas subvenciones recibidas hace unos años --900.000 euros-- y que las mismas se destinaron a usos personales distintos de aquellos para los que fueron otorgadas".
GUERRERO, TAMBIÉN EN PRISIÓN
Esta decisión fue recurrida en apelación por el abogado de Trujillo, que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en comprar cocaína.
Además de Trujillo, también permanece en prisión el propio Guerrero, a quien el juez de refuerzo, Iván Escalera, le rebajó recientemente la fianza a 150.000 euros, cantidad que sigue sin poder reunir y que ha motivado que su abogado haya recurrido la decisión ante el propio Juzgado.
