SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla que confirme la fianza de responsabilidad civil de 353.353,96 euros que la juez María Núñez Bolaños impuso al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido a resultas de su imputación en el caso de los ERE fraudulentos.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone así al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Florido contra el auto de 19 de enero en el que la magistrada confirmó la imposición de dicha fianza civil al entender que "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas --la contratada como consecuencia del ERE de Hytasal y otras tres pólizas individuales más--", cobrando por todas ellas 265.015,47 euros.
La Fiscalía señala que, de lo instruido hasta el momento, "se deduce la participación activa" del exdirigente sindical en los pagos realizados por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, vía IFA/IDEA, de primas de pólizas de rentas y capital "sin sujeción a procedimiento alguno y con una absoluta falta de publicidad en cuanto a los trabajadores que se pudiesen beneficiar de las mismas que colisiona frontalmente con la labor que se supone debiera llevar a cabo el imputado como dirigente sindical".
Así, pone como ejemplo el acta de acuerdo entre la empresa y los trabajadores de fecha 24 de mayo de 2005 en el que figura como asesor sindical por CCOO en el expediente aportado por la Junta relativo a la sociedad Intersur, y añade que, de su participación en estos expedientes, "cabe concluir que el imputado conocía que las primas de las pólizas eran abonadas por la Junta, así como el reparto posterior de la misma entre los distintos agentes que intervenían".
En relación a las rentas percibidas por el imputado con origen en pólizas de rentas, reitera "el indiciario conocimiento de la improcedencia de su percepción ante la falta absoluta de procedimiento, sin que tampoco se pueda admitir como alegación la obligación de transmitir las acciones de Hytasal --se alega la renuncia a 4.320.000 pesetas (25.963,72 euros)-- si tenemos presente la situación de crisis empresarial en la que se encontraba y el carácter de sociedad anónima laboral que presentaba".
De su lado, la Junta también ha elevado un escrito al Juzgado, consultado por Europa Press, en el que se opone al recurso presentado por Florido al entender que "existen indicios sólidos de criminalidad respecto del recurrente".
"CONSEGUIDOR"
Así, destaca que gracias a "la influencia por él ejercida como sindicalista habría obtenido determinadas cantidades procedentes de los fondos públicos de forma irregular, al haber sido incluido en la póliza de renta colectiva suscrita con Vitalicio para cubrir la prejubilación de los extrabajadores de Hytasal, sin que conste que el recurrente estuviera formalmente incluido en el ERE del que trae causa dicha póliza, sino todo lo contrario, pues en dicha fecha trabajaba para Fiteqa-CCOO".
Respecto de las otras tres pólizas en las que consta como beneficiario, la Junta señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil constató que "obedecen a pagos que Vitalia hace directamente al recurrente, que actuaría como conseguidor frente a aquella entidad, y que serían abonadas con cargo a las comisiones de aquella entidad en su mediación en pólizas financiadas con fondos públicos".
"Carece de sentido argumentar que dichos pagos eran en realidad debidos a Fiteqa, pues en este caso el tomador del seguro tendría que haber sido directamente el sindicato y no la empresa mediadora, sin que conste fehacientemente en qué consistieron los trabajos de asesoramiento jurídico que Fiteqa había realizado para Vitalia", pone de manifiesto la Junta.
Cabe recordar que, en el auto donde le impuso dicha fianza civil, la magistrada resaltaba que Florido, como secretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO-A, mantuvo una "estrecha relación" con Vitalia a través de su responsable en Andalucía, el también imputado Jesús Bordallo, "realizando labores de captación de empresas de los sectores textil y químico, que se encontraban en procesos de reestructuración, y participando activamente en diversos procesos de regulación de empleo de empresas, en los que se han detectado irregularidades".
"PAQUETE COMPLETO"
De este modo, "y merced a sus relaciones" con los comités de empresas "gracias al cargo que ostentaba en CCOO", el imputado "habría ejercido como facilitador" para Vitalia, "aportando información acerca de empresas del sector textil y químico en situaciones de crisis y reestructuración", lo cual "habría propiciado que se les ofreciera un 'paquete completo' que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada".
Según la juez, en el año 2003 el imputado "se encuadra entre los trabajadores afectados" por el ERE acometido en Hytasal, "siendo beneficiario" de la póliza suscrita para el pago de las prejubilaciones de los afectados por el ERE, la cual fue financiada "fundamentalmente" por la Junta y "en la que resulta mediadora Vitalia".
Al año siguiente, Florido "vuelve a ser dado de alta" en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta de Hytasal, "llegándose a determinar" que el encausado "ha sido beneficiario de hasta cuatro pólizas" por las que ha cobrado "al menos" la cantidad de 265.015,47 euros.
Inicialmente, la juez Mercedes Alaya impuso al imputado una fianza civil de 353.353,96 euros, aunque posteriormente la anuló y dejó sin efecto al considerar que había que investigar "con mayor profundidad" los hechos que se le imputan, tras lo que la Fiscalía insistió en que le impusiera una fianza, lo que llevó a efecto María Núñez.
