SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el socialista Antonio Muñoz, ha aprobado destinar 84.810 euros para la contratación de la elaboración de un "estudio de análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi" y de los vehículos de transporte concertado (VTC), así como de "rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la reactivación y potenciación de los taxis", según un acuerdo adoptado por la junta local de gobierno el pasado 30 de diciembre y recogido por Europa Press.
Ello, cuando la provincia de Sevilla contabiliza al comenzar este mes de enero 2.349 licencias de taxi y 455 licencias para vehículos de transporte concertado (VTC), según el recuento mensual del Ministerio de Transportes recogido por Europa Press, toda vez que en enero de 2020, antes de comenzar la pandemia de coronavirus Covid-19 y la nueva crisis derivada de la misma, con una fuerte incidencia en el sector de la movilidad, el citado registro arrojaba 2.331 autorizaciones para taxi en la provincia y 324 para VTC.
Tiempo atrás, recordémoslo también, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.
Principalmente, el decreto incorpora la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.
En paralelo, la Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.
PETICIÓN A LA JUNTA
Respecto a este último aspecto, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de "intrusismo", pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En paralelo, los taxistas de Sevilla capital están reclamando la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.
EL RESCATE DE LICENCIAS
En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para "la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda", sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana.
Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales "podría no encontrar justificación" en materia de "interés general", al haber "variado sustancialmente las circunstancias socio económicas" a partir de las cuales fue impulsada dicha política.
En ese sentido, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponía recientemente que se ha "planteado la alternativa" de un procedimiento de tanteo y retracto de las licencias, para lo cual media un proceso destinado a "determinar el valor de las licencias", mediante un estudio actualmente en contratación.
