TOMARES (SEVILLA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha archivado las diligencias incoadas para investigar el pago de la productividad a los funcionarios habilitados nacionales del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), según ha informado el propio Consistorio, gobernado por el PP, en una nota en la que indica además que, de esta manera, el tribunal ha rechazado la denuncia presentada por el PA contra el propio Ayuntamiento al considerarla "fuera de lugar".
"La resolución del Tribunal de Cuentas confirma la 'legalidad' del pago a los funcionarios habilitados nacionales por parte del Ayuntamiento y considera que la denuncia presentada por el portavoz del PA, Alberto Mercado, 'está fuera de lugar, al no concurrir ninguno de los requisitos para calificar los hechos como susceptibles de alcance contable'", indica el comunicado difundido este domingo por el Ayuntamiento.
Para el alcalde de Tomares, José Luis Sanz (PP), "con este nuevo archivo se demuestra una vez más que el Ayuntamiento de Tomares gestiona los recursos públicos de manera ejemplar y siempre con el máximo respeto a la ley, como mejor garantía para los vecinos de Tomares, mientras que el portavoz del PA, con sus denuncias sin fundamento, solo busca hacer demagogia política y saciar su afán de protagonismo, ya que, para colmo, como en este caso, conocía de primera mano el informe del secretario por el que estaban avalados estos pagos de productividad".
Según apunta el Ayuntamiento, "en el año 2015 el PA de Tomares presentó un escrito de denuncia ante el Tribunal de Cuentas en el que manifestaba, a su entender, que las cantidades pagadas mensualmente a los funcionarios con habilitación nacional en concepto de productividad no se ajustaban a la legalidad, solicitando al órgano de fiscalización que declarase la responsabilidad contable por tal actuación".
Ahora, "el Tribunal de Cuentas ha avalado la legalidad de estos pagos, y en su resolución ha analizado de manera pormenorizada las citadas retribuciones llegando a la conclusión de que, 'sin perjuicio de valoraciones desde otros ámbitos del ordenamiento jurídico, no concurre el elemento material de daño a los fondos públicos y no procede el pronunciamiento en estas actuaciones de alcance', por lo que, 'al estar ante una situación de inexistencia de supuestos de constitutivos de alcance, no cabe hacer pronunciamiento alguno al respecto a las presuntas responsabilidades'".
El Ayuntamiento de Tomares siempre ha defendido "la absoluta legalidad en todas y cada una de sus actuaciones y, en concreto, de estas retribuciones, ya que estaban avaladas por el informe del secretario de la Corporación y de la Intervención Municipal, como ahora ha quedado refrendado por el máximo órgano de fiscalización en España".
Además, desde el Consistorio apuntan que "se da la circunstancia de que, pese a que el portavoz de PA conocía el informe del secretario, al que tuvo acceso en varias ocasiones, y sabía que la conclusión del mismo recogía que la retribución devengada en concepto de productividad especial le corresponde concederla al alcalde con los requisitos que se plasmaban en las resoluciones del alcalde, prefirió seguir adelante e interponer una denuncia que, como ha quedado demostrado una vez más, solo buscaba hacer demagogia política y protagonismo personal".
