SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CCOO-A ha lamentado el "chantaje" al proceso de intervención de CajaSur por parte del Cabildo tras la reclamación planteada por el Cabildo Catedral de Córdoba al Banco de España para, como entidad fundadora de CajaSur, ser oído en el proceso de transmisión de activos y pasivos de la caja cordobesa al BBK Bank, ante lo que este sindicato agregó que "en todo caso sólo podría reclamar la asamblea general de la caja, no el Cabildo".
Fuentes de Comfia CCOO-A han indicado a Europa Press que la actitud del Cabildo supone un "chantaje el proceso" y han asegurado que estudiarán presentar una denuncia judicial o ejercer como acusación particular si se abre un proceso civil o penal contra los consejeros que sean sancionados por el Banco de España
Recordaron que el proceso seguido en CajaSur "no es una liquidación, sino una intervención, por lo que difícilmente puede reclamar nada al no haber optado por la liquidación".
Agregaron que "en todo caso, quien podría reclamar sería la asamblea general y no el Cabildo" y recordaron que la caja está adjudicada a BBK pero todavía está siendo administrada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de forma que hasta el 1 de enero no entrará la caja vasca
Por ello, precisaron que actualmente la caja cordobesa está siendo gestionada por el Banco de España, de forma que "las pérdidas que se acumulen desde el 31 de mayo hasta finales de año se deben imputar al capital social de CajaSur", por lo que, a su juicio, dicha reclamación del Cabildo "carece de sentido y de lógica, no es coherente con el proceso".
Para el sindicato, esta actitud del Cabildo "demuestra que éste desde el principio ha estado más preocupado por sus propios intereses y no tanto por la defensa del empleo".
Precisó que el sindicato está pendiente de que se resuelva y culmine el expediente administrativo abierto a varios consejeros de CajaSur por parte del Banco de España, de forma que una vez que concluya dicho expediente, los servicios jurídicos del sindicato "estudiarán si podemos presentar alguna denuncia jurídica de orden penal o civil, o ejerceríamos como acusación particular en el proceso que se abriera contra aquellos miembros del consejo de administración que votaron a favor de la intervención e incumplieron el plan de viabilidad planteado, que pasaba por la fusión con Unicaja".
