CCOO pide a la Junta la "devolución íntegra" de lo detraído a las pagas extras entre el 1 de junio y el 15 de julio

SEVILLA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha exigido este miércoles a la Consejería de Hacienda y Administración pública la "devolución íntegra" de lo que la Junta de Andalucía ya ha detraído de las pagas extraordinarias y adicionales de los empleados públicos entre el 1 de junio y el 15 de julio.

Según explica en un comunicado, se trata de que la Consejería aplique correctamente el Real Decreto Ley 20/2012 sobre la supresión de la paga extra de diciembre, de manera que el periodo comprendido entre del 1 de junio y el 15 de julio "se excluya del cálculo de las cantidades a descontar o que hayan sido descontadas".

El sindicato recuerda que la aplicación del RDL 20/2012 del Gobierno de la Nación y, concretamente, el artículo 2, tiene como consecuencia la supresión de la paga extraordinaria como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre para el personal de sector público. Además, dicha norma posibilita a la Administración competente "a ejecutar dicha reducción de forma prorrateada en las nóminas pendientes de percibir a partir de la entrada en vigor de este RDL".

El problema es, según CCOO, que la Junta ha ejecutado ese devengo de la paga extraordinaria de diciembre "desde el 1 de junio al 30 de noviembre, si bien el RDL entró en vigor el 15 de julio de 2012".

Así, y teniendo en cuenta el carácter no retroactivo de esta medida, el Área Pública de CCOO de Andalucía ha pedido a la Consejería de Hacienda que "excluya del cálculo de la cantidad a descontar el periodo de tiempo devengado con anterioridad a la vigencia de la norma".

No en vano, según critica CCOO, de las liquidaciones efectuadas hasta la fecha a los empleados públicos, "por finalización de contrato o nombramiento interino por la Administración andaluza, ya se ha detraído la parte correspondiente a la extra y adicional consolidada antes de la entrada en vigor del RDL", algo por lo que pide "la devolución íntegra correspondiente a estos conceptos en este periodo" para "evitar otro perjuicio añadido además de los efectos negativos de los ajustes y recortes de política social que se lleva a cabo desde mayo de 2010 a los empleados públicos y a la ciudadanía en general".

Y avisa: "la no atención de esta reclamación puede llegar a la judicialización del asunto con el consiguiente gasto de recursos públicos, tan necesarios en estos momentos de crisis para otros menesteres".