El comité de Mairena avisa de "despidos" y defiende que la recogida de basura supone más ingresos que costes

Los líderes de la plantilla critican el "despido" de cinco monitoras y de una estrategia de "desmantelamiento" de los servicios públicos

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha defendido este miércoles que los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y de recogida de enseres y poda, destinados a la externalización por el Gobierno municipal de Ricardo Tarno (PP), implican para la administración local ingresos valorados en más de 3,5 millones de euros sin que su coste supere tal cuantía. El comité de empresa, que ha convocado una huelga de 15 días en estos servicios y paros parciales para el resto del personal laboral, avisa de un "desmantelamiento" de los servicios públicos con esta medida y el reciente "despido" de cinco monitoras.

José Antonio Tellado (CCOO), presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, ha celebrado este miércoles una rueda de prensa acerca del conflicto desencadenado en este consistorio. Y es que el Ayuntamiento ha emprendido un expediente administrativo dirigido a la externalización de los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de recogida de enseres y poda, que suman unos 40 empleados públicos, bajo la premisa de que es la única fórmula de que la prestación de estos servicios sea verdaderamente viable a cuenta del estado de la flota de camiones y otros aspectos.

FORMALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE HUELGA

Dado el caso, Tellado ha explicado que el comité de empresa formaliza este mismo miércoles la convocatoria de huelga de 15 días acordada para los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y de recogida de enseres y poda, a partir de las 00,00 horas del día 25 de octubre. Esta movilización también incluye "paros parciales" en el resto del personal laboral del Ayuntamiento los días 25 y 29 de octubre y los días 5 y 8 de noviembre.

Para la externalización de estos servicios, el Ayuntamiento, gobernado por Ricardo Tarno (PP), esgrime que un informe de diagnóstico pone de relieve que la "única vía" para garantizar tales servicios no es otra que su externalización. Según este estudio, el servicio de recogida de recogida de residuos sólidos urbanos cuenta con siete camiones de los cuales sólo dos se encuentran en un estado "aceptable", porque uno está "inoperativo" y otros cuatro están "continuamente estropeados". Igualmente, y entre otros aspectos, señala el informe que más de la mitad de esos camiones superan su vida útil y dos de ellos cuentan con 20 y 23 años a sus espaldas".

RECAUDACIÓN Y GASTOS

Tellado, en ese sentido, ha defendido que los presupuestos generales aprobados recientemente por la Corporación local mairenera para el vigente año 2012 contemplan aproximadamente 3.560.000 euros por la recaudación correspondiente al impuesto de la recogida de residuos sólidos urbanos, toda vez que este servicio concreto constituye un coste anual de "unos 2,2 millones de euros" para las arcas públicas y con los gastos derivados del servicio de recogida de enseres y poda, "no llegaríamos a un coste de 3,5 millones de euros".

"Están intentando justificar una privatización", ha dicho el portavoz sindical, quien ha defendido que este colectivo de trabajadores incluso habría promovido una "propuesta" para reducir sus salarios y sustituir por descansos los emolumentos correspondientes a las jornadas de fin de semana y días festivos. Para Tellado, el Gobierno municipal del PP intenta "desmantelar los servicios públicos" y buena prueba de ello es que cinco monitoras de educación medioambiental "han sido despedidas" recientemente.

Acerca de este expediente de externalización, un documento del Ayuntamiento recogido por Europa Press señala que la subrogación de los trabajadores de estos servicios concretos estará sujeta a "las debidas garantías legales de estabilidad laboral", con lo que "se excluirá explícitamente cualquier despido individual o colectivo fundado en causas económicas o productivas incompatible con la solvencia económica necesaria para la adjudicación de la licitación".