El comité de Mercasevilla advierte de la repercusión de la sentencia de Ponce en el conflicto del ERE de 2007

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha advertido este miércoles de las posibles repercusiones de la sentencia del Juzgado de lo Social número cuatro que desestima la demanda promovida por Daniel Ponce, antaño director adjunto de la compañía e imputado en las tres líneas de investigación incoadas en torno a esta empresa, contra la decisión de la actual directiva de denegar su adhesión al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. El fallo, según destaca el comité de empresa, recoge como hechos probados que este procedimiento arrancó como "continuación" del ERE de 2003 y que la Consejería de Empleo "mostró su conformidad" con la póliza suscrita para las pre jubilaciones del ERE de 2007.

Los expedientes de regulación de empleo promovidos por Mercasevilla en 2003 y 2007, en ambos casos, fueron autorizados por la Consejería de Empleo, aunque solo el primero de ellos ha gozado del respaldo financiero de la Administración autonómica por lo que al pago de las prejubilaciones acordadas se refiere.

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta. Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 está incluida en las diligencias relativas al posible delito societario perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados tanto en estas actuaciones como en el presunto intento de cobro de comisiones ilegales y las posibles irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado.

EL CONFLICTO DEL ERE DE 2007

Aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de varios trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".

A tal efecto, el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007 ha visto paralizadas sus prestaciones, toda vez que en un auto fechado el 10 de enero de 2011, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, ha ordenado profundizar en la investigación tanto de este procedimiento como del previo de 2003. Sobre el expediente de regulación de empleo de 2007, la juez pide en concreto a la Consejería de Empleo que "se informe y se explique cómo" la Delegación Provincial de dicho departamento autorizó el procedimiento "menos de cuatro años" después de que fuese promovido el expediente de regulación de empleo de 2003, pues ambos procesos coinciden en sus "causas económicas y organizativas" y llevaban aparejados sendos planes de prejubilaciones.

UNA SENTENCIA ÚTIL

Ante este escenario, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha señalado en declaraciones a Europa Press que la mencionada sentencia judicial que desestima la demanda del ex directivo Daniel Ponce contra su exclusión del ERE de 2007 "puede" ser útil en la lucha emprendidas por el colectivo de prejubilados de dicho procedimiento para que sean reconocidos los "compromisos de pago" de las prejubilaciones.

El fallo del Juzgado de lo Social número cuatro, según ha destacado Rafael Domínguez, recoge entre sus hechos probados, concretamente en el punto número 13, que "la Consejería de Empleo mostró su conformidad con la póliza y con los sucesivos trabajadores que se iban dando de alta en la misma como beneficiarios", siempre en alusión al expediente de regulación de empleo de 2007, al que Daniel Ponce esperaba adherirse al haber cumplido 50 años de edad.

El punto número diez de los hechos probados, igualmente, señala que la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, solicitó en 2007 "la continuación del expediente de regulación de empleo" de 2003, toda vez que los líderes de la plantilla defienden que el procedimiento de 2007 constituía una continuación del ERE de 2003, cuyo plan de prejubilaciones ha contado con la financiación de la Junta de Andalucía. "Los hechos probados vienen muy bien para nosotros", ha señalado el presidente del comité de empresa, con lo que el contenido de este fallo será incorporado a las actuaciones promovidas por el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 al objeto de que sean reconocidos los compromisos de pago del procedimiento.