El comité de empresa alerta de la "discriminación" de los prejubilados del ERE de 2007 a manos de la Consejería de Empleo
SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha celebrado este lunes una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para tratar entre otras cosas el conflicto desencadenado en torno a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por esta sociedad mixta, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y del que reniega la Consejería de Empleo pese a figurar en la documentación como principal fuente de los pagos. Ambas partes han debatido la posibilidad de reabrir la queja promovida al respecto por los líderes de la plantilla, pues el procedimiento había sido archivado el verano de 2010 por la institución que dirige Chamizo al tratarse de un aspecto sometido a una investigación judicial.
El presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), ha explicado a Europa Press que durante la entrevista, los representantes de la plantilla han expuesto a Chamizo la difícil situación que atraviesa esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla. Mercasevilla, como es sabido, cerró 2009 con pérdidas por valor de 4.123.666 euros y 2010 con 381.560 euros negativos. Sus previsiones apuntan a que podría cerrar 2011 con nuevas pérdidas por valor de 1,8 millones de euros y ya en breve podría sufrir graves problemas de tesorería, incurriendo incluso en una posible causa de disolución.
EL ERE DE 2007
En este marco destaca el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que supuso la prejubilación de 40 empleados. Y es que las indemnizaciones de estos trabajadores han quedado en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento. Aunque el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones en cuestión, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución".
El ERE de 2007, en ese sentido, figura en las diligencias judiciales relativas al posible delito societario perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y la supuesta trama de falsas prejubilaciones descubierta en expedientes de regulación de empleo incentivados con fondos autonómicos.
LA QUEJA ELEVADA A CHAMIZO
El pasado mes de julio de 2010, cabe recordarlo, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz archivó el expediente incoado a cuenta de una queja promovida por el comité de empresa sobre este conflicto, pues el departamento de Chamizo había tomado cuenta de las diligencias judiciales tramitadas al respecto. Ahora, el comité de empresa ha reclamado a Chamizo la reapertura de esta queja, sobre todo debido a la "discriminación" ejercida por la Junta de Andalucía sobre el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007. "Chamizo nos ha pedido documentación sobre los compromisos de pago de la Junta de Andalucía y pedirá explicaciones", ha dicho el presidente del comité de empresa.
