SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, se reúne este jueves para debatir la liberalización acordada por la comisión ejecutiva de la compañía para los servicios ajenos al interés público o las necesidades comunes, extremo que afecta a cien de los 198 miembros de la plantilla. Para el próximo martes, el comité de empresa ha convocado ya una asamblea general de trabajadores al objeto de comenzar a movilizar a los empleados ante esta medida que significaría la "privatización" de buena parte del mercado central, según los líderes de la plantilla.
El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha anunciado a Europa Press todo un "frente jurídico y sindical" contra la liberalización parcial de servicios acordada por la comisión ejecutiva del mercado central, que a tal efecto ha resuelto emprender una modificación de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior que regulan el funcionamiento de esta sociedad mixta cuyo mayor accionista es el propio Ayuntamiento.
Las decisiones de la comisión ejecutiva parten de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
LA QUEJA DE LOS MAYORISTAS
Porque en junio de 2010, cabe recordarlo, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos de Sevilla grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta.
Estos servicios, en concreto, se elevan al 2,025 por ciento en concepto de facturación y cobro del total de ventas y al 1,57 por ciento en el caso del servicio de transporte, manipulación y colocación del género, aspecto popularmente conocido como "arrastre". Ambos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
NORMAS COMUNITARIAS
En el escrito elevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el gremio de mayoristas de pescado de Mercasevilla advertía de que la sociedad mixta, y el Ayuntamiento como accionista mayoritario, "violan" cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a cuenta del cobro de estos servicios impuestos por el mercado central de abastos. Estas cuatro normas serían el principio de libertad de empresa, "totalmente cercenado" en este caso, y los principios de igualdad, no discriminación y de protección de los consumidores.
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
"PROFUNDA REVISIÓN" DEL REGLAMENTO
Así, y merced a los "requerimientos" derivados del expediente incoado por la Comisión Europea, el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico titulado "La prestación de servicios en Mercasevilla". Este informe, recogido por Europa Press, concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados".
"Las prácticas no reglamentadas, la obligación de cumplir la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia (...), así como el respeto al principio de libertad de empresa y el expediente iniciado por la Comisión Europea, obligan necesariamente a replantear el modelo de Mercasevilla", señala el informe del secretario general. El informe, merced al "interés general", exime de la liberalización a servicios como la conservación y mantenimiento de las instalaciones, la vigilancia, el pesaje o las inspecciones, pero señala que el resto "deben ser liberalizados (...) porque constituyen una posición de abuso dominante" y "atentan contra el principio de libertad de empresa".
