Las demandas contra los primeros despidos de Sevilla Global serán resueltas en una segunda sesión

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de lo Social número nueve ha celebrado hoy una vista oral en torno a las demandas formuladas contra la sociedad 'Sevilla Global', --adscrita al área de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense--, por los dos trabajadores que ejercieron como responsables de Comunicación y Formación y Empleo hasta ser despedidos después de que Jon Ander Sánchez (IU-CA) dimitiese como delegado municipal de tal materia.

Si bien la vista oral ha dado comienzo hoy según lo fijado y se ha prolongado durante varias horas, según las fuentes consultadas por Europa Press, las partes no han formulado aún sus conclusiones orales y, finalmente, la conclusión del juicio ha quedado postergada hasta una segunda sesión aún por señalar. Jon Ander Sánchez, letrado de ambos trabajadores, declinó en ese sentido valorar el contenido de la vista oral.

A la vista oral, inicialmente, habrían sido citados, en calidad de testigos, el actual delegado municipal de Economía y Empleo, Carlos Vázquez (IU-CA), el primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos, y el presidente del comité de empresa de la sociedad 'Sevilla Global', Carlos Tafur, pues el caso gira en torno a los trabajadores afectados por la primera tanda de despidos tras el desembarco de David Pineda (IU-CA) en la Gerencia de esta sociedad municipal.

Aunque el nuevo delegado de Economía y Hacienda, Carlos Vázquez, y el nuevo gerente de Sevilla Global, David Pineda, consumaron inicialmente los despidos, dos de ellos, concretamente los responsables de Comunicación y Formación y Empleo, fueron readmitidos en los actos de conciliación convocados por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Cemac).

No obstante, ambos fueron nuevamente despedidos como consecuencia de los expedientes disciplinarios incoados en su contra inmediatamente después de formalizarse su reincorporación. Dado el caso, la representación jurídica de los trabajadores reclama su readmisión e indemnizaciones de 6.000 euros por cabeza en concepto de daños morales.