SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, consideró hoy "magnífica" la Ley de Dependencia aprobada por el Ejecutivo central "ya que ayudará a que la vida de muchas personas en estas personas sea más fácil" aunque apuntó que aún restan por abordar dos cuestiones "delicadas", el presupuesto y los criterios de baremación.
En declaraciones a Europa Press, Chamizo señaló que la cuestión presupuestaria será un tema difícil de abordar pero valoró que las administraciones se hayan ofrecido a asumir el esfuerzo. Asimismo, agregó que resta por conocer los criterios de baremación, un aspecto "delicado" que cifrará las personas con dependencia.
El Defensor destacó que este tema será la "clave" del desarrollo de la denominada Ley de Atención de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y esperó que por parte de las comunidades autónomas "se fijen unos criterios amplios".
En Andalucía, según el Libro Blanco, entre 37.000 y 45.000 personas se encuentran en situación de gran dependencia, población a la cual la ley dotará de recursos a partir de 2007 para luego entrar a valorar otros tipos de dependencias hasta 2015. En esa fecha, en Andalucía la cifra se elevará hasta las 264.000 personas, según los datos que maneja la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social consultados por Europa Press.
El Defensor del Pueblo Andaluz ya realizó unas consideraciones el pasado mes de septiembre sobre la ley y destacó algunas "lagunas" que se han corregido ahora en algunos de los casos, según subrayó. Entonces, aunque la valoró "como una iniciativa de gran importancia para extender y completar el ámbito de cobertura de nuestro Sistema de Protección Social", observó "falta de precisión y concreción en aquellos aspectos que resultan esenciales para la efectiva garantía del derecho que se reconoce a este importante sector de la población", aspectos que algunos se han corregido en la ley aprobada por el Gobierno, según Chamizo.
El Defensor andaluz indicó en estas consideraciones que en la futura Ley debería precisarse con claridad aspectos como el nivel mínimo de protección que se garantiza; la intensidad básica de los servicios que establece; los aspectos esenciales de las prestaciones económicas que introduce; la priorización en el acceso a los servicios y prestaciones o los criterios básicos para el acceso a la atención sociosanitaria en este ámbito.
También agregó las obligaciones de cooperación y financiación que asumen las Administraciones Públicas competentes para la efectividad de este derecho; los criterios básicos de la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios y las necesarias garantías de la naturaleza pública del Sistema, singularmente, en lo concerniente a la valoración de estas situaciones.
No obstante, la institución achacó estas "lagunas e inconcreciones" al afán "elogiable" que ha presidido la tramitación de este Proyecto de asegurar los aspectos de constitucionalidad que se plantean al abordar una Ley básica reguladora de un derecho de contenido social.
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