SEVILLA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresarios de Cubas y Contenedores de Sevilla se ha reunido hoy con miembros de los ayuntamientos de Sevilla y La Rinconada en el marco del conflicto surgido al decretar el Consistorio rinconero el cierre de la planta de almacenaje de residuos y escombros gestionada desde 2008, reclamando luego celeridad en la solución del caso porque todo habría quedado en manos de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente.
La presidenta de la organización empresarial, Esperanza Sánchez, informó a Europa Press de que hoy se reunió en el Ayuntamiento de Sevilla con el concejal de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alfonso Mir, y el primer teniente de alcalde del Consistorio de La Rinconada, Cristóbal Blázquez, con quienes debatió el conflicto surgido en torno a la decisión del Consistorio rinconero de clausurar la planta debido a las deficiencias detectadas en su explotación.
Al respecto, explicó que Cristóbal Blázquez habría subordinado la reapertura de las instalaciones al dictamen final de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, que desde hace tres meses incoa un expediente sancionador contra esta planta dadas las "irregularidades" cometidas por los empresarios en su gestión. Entretanto, la organización empresarial tiene convocadas para los días 3 y 4 de diciembre sendas marchas en camión desde el Parque Alcosa hasta el Parlamento de Andalucía para reclamar una solución al conflicto.
"HOJA DE RUTA" PARA LA SOLUCIÓN
Dada la posición del Ayuntamiento de La Rinconada, gobernado por Javier Fernández (PSOE), Esperanza Sánchez lamentó que el Consistorio haya supeditado la reapertura de las instalaciones a la "autorización" de Medio Ambiente, porque como ella misma recordó, la orden de cierre "la dio el Ayuntamiento". De cualquier forma, hoy la organización empresarial ha acudido también a la sede de la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente para entregar la propuesta elaborada como "hoja de ruta" para reabrir el recinto.
Como se recordará, la delegada provincial de la Consejería, Pilar Pérez, había señalado en declaraciones a Europa Press que las instalaciones, destinadas a albergar residuos y escombros de la construcción, funcionan para una naturaleza "diferente" a la contemplada en su Autorización Ambiental Unificada. Además, advirtió de que los empresarios, que explotan el recinto desde 2008, "estaban acumulando residuos fuera de las instalaciones", actualmente clausuradas.
De tal manera, la presidenta de los empresarios insistió en que la propuesta elevada a la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente contempla la "reutilización" de los residuos "limpios" o ya tratados como material para la regeneración de canteras agotadas. Igualmente, los empresarios solicitan que se permita el uso de una "machacadora móvil" en sus instalaciones, porque gracias a esta medida, en once o 17 meses, se habría solucionado la sobrecarga que padece la planta.
Así, concluyó Sánchez reclamando que Medio Ambiente se pronuncie "cuanto antes" sobre esta "hoja de ruta", porque de su actividad dependen "15.000 personas" y, muy expresamente, los 15 empleados de la planta.
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