Exdelegado de Empleo en Córdoba niega trato de favor a empresas

SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba Antonio Fernández Ramírez ha comenzado su comparecencia en la comisión de investigación sobre los cursos de formación que se celebra en el Parlamento andaluz manteniendo que no contestaría a las preguntas de los grupos parlamentarios por consejo de su abogado y en vista de su situación procesal, pero finalmente sí ha respondido a la mayoría de las cuestiones para negar que haya dispensado tratos de favor, que haya cometido dejación de funciones o que hubiera firmado pagos o concesión de subvenciones en contra del criterio del interventor.

   En su intervención inicial, el exdelegado de Empleo, que ocupó el cargo entre 2004 y 2012, ha lamentado que entre la ciudadanía "cale" el mensaje de que se malversaron 3.000 millones de euros, en alusión a lo defendido este lunes en la comisión de investigación por uno de los beneficiarios de un curso. "No lo ha dicho él solo, sino también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ya veremos cómo poco a poco esto se va a ir desmontando", ha previsto el compareciente.

   Además, se ha referido a las "tribulaciones" que están "padeciendo" los que en su momento tuvieron responsabilidades en materia de empleo y previsto que el "calvario" al que están "siendo sometidos" continuará pero había recalcado que no contestaría a las preguntas.

   Pese a ello, a medida de que los grupos han ido planteando sus preguntas sí ha ido respondido a una mayoría de cuestiones y, al hilo de las preguntas de la portavoz de IU, Elena Cortés, ha mantenido que no se inhibió en las subvenciones a la Autoescuela Virgen de Luna, de Pozoblanco y de la que fue fundador, porque no consideraba que tuviera impedimento legal alguno para firmar la ayuda. También ha defendido que "en modo alguno había colisión de intereses" en el hecho de que diera ayudas a Prode, la asociación que trabaja en el mismo municipio con discapacitados y en el que trabajan dos hermanos suyos.

   Ha sido a preguntas del portavoz del PSOE Rodrigo Sánchez Haro cuando Fernández Ramírez ha defendido la legalidad en términos generales en los procedimientos tramitados por la Delegación Provincial de Empleo que dirigía incidiendo en que "nunca" ordenó desde su cargo que se dispensase un trato distinto al que le correspondiera a alguna empresa o entidad.

   En respuesta al socialista también ha mantenido que en la Delegación se superó con creces el mínimo legal estatal establecido para la labor de control de las subvenciones y que "nunca" dio orden de que se relajaran los controles o se incumpliera la norma estatal. También ha dicho que no tenía margen para dar subvenciones a quien consideraba sino que los aspirantes a las mismas se sometían "todos" al procedimiento existente y "reglado".

   El exdelegado también ha defendido que su equipo en la Delegación gozaba de su "máxima confianza" y que "jamás" se le habría ocurrido firmar un pago, resolución de concesión o justificación en contra del criterio de la intervención, de la misma forma que "nunca" ha dejado de aplicar lasa recomendaciones del interventor.

   Peor suerte ha tenido la portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, que ha visto cómo Fernández Ramírez ha guardado silencio ante la mayoría de sus preguntas, a excepción de la explicación que ha dado a que fue cesado como delegado provincial después de que él hubiera manifestado que no quería seguir en el cargo.

   La diputada de C's ha preguntado al compareciente por aspectos como las certificaciones de que los beneficiarios de los cursos cumplían los requisitos para serlo y por qué el interventor alertó de deficiencias en ese aspecto; por las subvenciones a la mencionada autoescuela o por los criterios que hacían que otra autoescuela de Pozoblanco recibiera subvenciones "infinitamente" menores que ésta; o por los 21,27 millones de euros que, según el interventor en la provincia, estaban pendientes de justificar entre 2005 y 2012.

EXONERACIONES, UNA "PARTE MINÚSCULA"

   En su intervención inicial, Fernández ha hecho hincapié en las denominadas exoneraciones o exceptuaciones a la hora de justificar los cursos y ha defendido que "se hacían en todas las líneas de subvención" mientras que "las que afectan a formación, son una parte minúscula".

   Por su parte, en su turno, el portavoz de Podemos, Juan Moreno Yagüe, también se ha referido a esas exceptuaciones y ha denunciado que, a la vista de que no se puede saber cómo se inicia el procedimiento de cada una de las resoluciones, no se puede "discernir" si la exceptuación es "justa o injusta" o quién la pide.

   "¿Nunca nadie se planteó que no se iniciaban los procedimientos conforme a la ley de procedimientos y cómo era posible que se dictasen las resoluciones sin un procedimientos previo para llegar a ella?", ha preguntado el diputado de la formación naranja, a lo que el compareciente ha dicho desconocer la respuesta.

   Al respecto de las exoneraciones, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha alertado de la "gravedad" de que se mezclasen "en el mismo saco" las exoneraciones correspondientes a cursos de formación con las que corresponden a otras líneas.

   Torrico ha preguntado al compareciente por la falta de documentación toda vez que en la intervención inicial de éste hubiera reproducido dos grabaciones con las declaraciones realizadas por el interventor de la Junta en Córdoba en la comisión de investigación para manifestar su disconformidad a las palabras de éste sobre la falta de documentación o el supuesto descontrol de documentos cuando en otro momento de su intervención había reconocido que sí había visto la documentación necesaria en la fiscalización previa.

   "Me preocupa porque yo soy el responsable de la custodia y control de los documentos (*) y me preocupa bastante más que en la comisión se haya dicho que los expedientes están desordenados y faltos de documentación porque todos los expedientes fueron presentados en tiempo y forma y con el visto bueno de la Intervención", ha defendido el compareciente.

   También en respuesta al diputado 'popular', el compareciente ha anunciado que en sus años en el puesto "no se abrieron expedientes sancionadores" y ha añadido que "las reclamaciones no han sido muchas", así como que a él "nunca" se le pasó "ninguna propuesta se expediente sancionador".

   Por último, Fernández Ramírez ha dicho no tener conocimiento de que en la provincia de Córdoba se impartieran cursos de formación en sedes compartidas ente UGT y PSOE. "Lo ignoro, no tengo ni idea", ha dicho el exdelegado, para quien en caso de haber ocurrido así no habría problema si el espacio estaba homologado para ello.