SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIF-A ha definido como un "éxito" en la huelga convocada por esta central y por CGT en el personal telefónico de los servicios de emergencia para el cumplimiento de la proposición no de ley sobre el futuro del personal de los servicios 112, Salud Responde y 061.
Asimismo, decenas de manifestantes en la concentración convocada por la central sindical en el Parlamento, que contó con el apoyo de representantes de varios grupos parlamentarios.
CSIF-A se ha movilizado ante el Parlamento de Andalucía para reclamar el cumplimiento de la proposición que se debate en el Parlamento y que han suscrito todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE.
Con la movilización celebrada y que ha contado con la participación de varias decenas de manifestantes se cierra el calendario de protesta diseñado por CSIF-A que ha supuesto "un éxito de seguimiento en las dos jornadas de huelga en los teleoperadores de todos los servicios de emergencias dependientes de la Junta de Andalucía, así como en las concentraciones celebradas el pasado miércoles en las ocho provincias andaluzas".
En este sentido, el secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Joaquín Álvarez, señaló a los medios que "es de absoluta necesidad que la Junta de Andalucía cumpla lo acordado meses atrás", en el sentido de que este colectivo "debe ser gestionado por la Junta de Andalucía, tal y como recoge la proposición no de Ley que se debate en el Parlamento y que han suscrito todos los grupos parlamentarios excepto el PSOE".
"Los trabajadores de 'Salud Responde', 112 y 061 llevan varios años denunciando la precariedad laboral que sufren, manifestando que son tratados como simples teleoperadores cuando ellos son el primer enlace para salvar una vida ante una emergencia y sacando adelante un servicio público fundamental a costa de sus nefastas condiciones laborales", afirma el secretario de Acción Sindical de CSIF-A, Joaquín Álvarez.
Asimismo, CSIF mantiene que "no se comprende bajo ningún pretexto que si la Junta de Andalucía tiene una empresa de emergencias pública, como es EPES, los servicios públicos de emergencias que se ofrecen directamente al ciudadano se encuentren subcontratados a una empresa privada".
Para Álvarez, "si la gestión fuera directa por la Administración autonómica se produciría un ahorro considerable de dinero público, además de una mejora en la calidad del servicio".
