SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que, con respecto a la Ley de Reforma Local, prefiere no dar cifras exactas de los municipios deficitarios en Andalucía, ya que "el volumen de la deuda retenido está en constante evolución", mientras ha asegurado que se establece un "diálogo continuo" del Gobierno con los municipios para conocer "la realidad" de cada localidad.
En rueda de prensa, Sanz ha destacado el "constante" diálogo entre el Ministerio de Hacienda para que se cumpla esta ley, a la vez que también "se tiene en cuenta la realidad de cada municipio, para los que se barajan diferentes mecanismos y se analizan soluciones".
En este sentido, ha advertido que "si no se cumple con la ley, no se puede abordar la situación financiera municipal", por lo que es muy importante la "voluntad" de los consistorios, a los que además se les ofrecen prestaciones de los Fondos de Financiación de Entidades Locales 2017 --Fondos de Ordenación-- y los Fondos de Impulso 2017.
El delegado ha recordado que "al principio de la legislatura de Mariano Rajoy (PP) había un 80 por ciento de municipios con déficit, mientras que en estos momentos hay más del 85 por ciento de los ayuntamientos con superávit", por lo que "algo habrán tenido que beneficiar las política implantadas", ha apuntado.
"NO DECRETA CIERRE DE EMPRESAS, CUMPLE LA LEY"
De otro lado, Sanz ha remarcado que, con respecto a la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración pública, el Gobierno "no ha decretado el cierre de las empresas públicas deficitarias, sino que está cumpliendo con la ley".
En rueda de prensa, Sanz ha reiterado que "no se ha decretado ningún cierre, sino que se está cumpliendo la ley", por lo que se le pide a los ayuntamientos que presenten alegaciones y un informe técnico que explique "cuál es la situación financiera de las empresas" y se conozcan cuáles podrían ser "eficientes" y sobrevivir sin tener "déficit".
"El Gobierno quiere empresas sostenibles y eficientes a nivel financiero y funcional", asegura Sanz, ya que, a su juicio, éstas son un "hándicap" importante para los ayuntamientos y, "si no se presta un servicio de calidad, se pondrían en peligro muchos servicios", ha advertido Sanz.
UNA NORMATIVA CON "VARAPALOS" JUDICIALES
A principios de agosto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, censuró que el Gobierno de la Nación en funciones estuviera enviando cartas a distintos ayuntamientos en las que les reclama la disolución de empresas públicas deficitarias, lo que consideró "un nuevo ataque" al municipalismo.
Por su parte, el coordinador de la Interparlamentaria del PSOE-A y secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, también se opuso entonces a esta ley y reivindicó la autonomía local, así como criticó que el Ministerio de Hacienda colocase "el foco de su incompetencia en materia de deuda pública en los ayuntamientos".
Pradas defendió que las administraciones municipales han sido las que "mejor han hecho los deberes a lo largo de esta crisis". "Las corporaciones locales son unas entidades que en su mayoría tienen superávit y que no están causando ningún tipo de pérdidas", aseguró.
