LORA DEL RÍO (SEVILLA), 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal Loreños Independientes (LIS) del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) ha asegurado que la denuncia elevada a la Fiscalía de Delitos Económicos por parte de cuatro concejales por un posible delito de prevaricación contra el alcalde, Francisco Javier Reinoso (PSOE), a cuenta de la "decisión" adoptada en 2005 por el primer edil para "dejar de satisfacer" las cuotas de una operación crediticia firmada en 1986 con el Banco de Crédito Español, podía "haberse evitado" y ha exigido "responsabilidades" ante el perjuicio económico que asegura se le causa al municipio.
Así, el concejal del este partido Alfonso Morales ha indicado a Europa Press que desde LIS se ha hecho "en conciencia lo que había que hacer" y lamenta que se haya llegado a esta situación, algo que asegura podría haberse evitado con diálogo entre las partes. "El dialogo es fundamental en política y se podía haber evitado esa situación porque alguien tendrá que ser responsable del dinero que se tiene que pagar".
Sin embargo, advierte de que el alcalde no ha dado "ningún tipo de explicación" a lo ocurrido, algo a lo que suma que "se ha buscado a dos concejales más para tener mayoría y seguir evitando hablar de estos temas", ya que asegura que dos ediles del PA promovieron un debate sobre esta cuestión en el último pleno, debate que en último momento rechazaron "después de que hayan llegado a un acuerdo de gobierno con Reinoso".
Morales asegura que el verdadero perjudicado en todo este asunto es el propio pueblo de Lora, que será quien "por culpa de una decisión unilateral ahora tenga que abonar una gran cantidad de dinero". "El alcalde decidió no pagar sin consultar con el Pleno ni decir nada y esa decisión nos ha costado un dineral", sentencia.
Así, afirma que se han visto en la obligación de denunciar, como es su "responsabilidad", lo que considera una "negligencia" del alcalde "que no da explicaciones y bloquea los debates". Además, alerta de que en el presupuesto para este año se incluye una partida para afrontar el coste del crédito, algo que se ha llevado a cabo "también sin debate", unas cuentas que se prevén aprobar este viernes y cuya aprobación fue anulada este martes al "no haberse notificado que se iba a celebrar el citado pleno a dos concejales".
UN CRÉDITO CON BANESTO
Un total de cuatro concejales del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) han elevado a la Fiscalía de Delitos Económicos una denuncia por un posible delito de prevaricación contra el alcalde, Francisco Javier Reinoso (PSOE), a cuenta de la "decisión" adoptada en 2005 por el primer edil para "dejar de satisfacer" las cuotas de una operación crediticia firmada en 1986 con el Banco de Crédito Español.
Según la documentación recogida por Europa Press, fue el 23 de julio de 1986 cuando el pleno del Ayuntamiento de Lora del Río aprobó una operación crediticia valorada en 117 millones de las antiguas pesetas, 703.184,6 euros corrientes. El 28 de octubre de 1986, el crédito fue suscrito con el Banco de Crédito Español pero, en 1992, fecha de vencimiento del crédito, la operación había derivado en una deuda de 790.330,92 euros a cuenta del "impago" y sus intereses de demora.
INTERVENCIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA
Aunque el Ayuntamiento y la entidad bancaria acordaron una refinanciación de esta deuda, dicha operación fue incluida en un "saneamiento de activos tóxicos" promovido por el Fondo de Garantía de Depósitos a cuenta de la intervención de la citada entidad bancaria a manos del Banco de España. Finalmente, en febrero de 2005, el Consistorio dejó de satisfacer la deuda debido a las "dudas" que rodeaban a la operación en cuestión dada la intervención del Banco de España.
El Banco de Crédito Español, no obstante, reclamó por la vía Contencioso Administrativa "el capital pendiente", que en 2006 se elevaba a 517.920,53 euros. Primero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río, y luego la Audiencia Provincial, condenaron al Ayuntamiento al pago de esta cuantía, sus intereses de demora y las cosas del procedimiento judicial, lo que se traduce en un total de 885.569,21 euros. Además, una diligencia judicial fechada el 29 de junio de 2011 declaraba "el embargo de una imposición a plazo fijo por importe de 200.000 euros" sobre el Ayuntamiento.
Después de satisfacer la cantidad de 200.000 euros relativa a este embargo judicial, el Ayuntamiento de Lora del Río aprobó una modificación presupuestaria de urgencia valorada en 885.569,21 euros, al objeto de dar cumplimiento a la sentencia en cuestión. Pues bien, los mencionados concejales; los independientes Alfonso Morales y Fidel Prieto, el andalucista José Antonio Contreras y el no adscrito Francisco Ramón Montanero, han elevado a la Fiscalía una denuncia contra el alcalde por presunto delito de prevaricación al sospechar que el alcalde decidió "dejar de satisfacer las cuotas" del mencionado crédito "sin tramitar expediente administrativo alguno" pese a que el visto bueno a la operación había nacido en el pleno de la corporación municipal.
