Los interinos de la Diputación de Sevilla acuerdan reanudar sus "acciones reivindicativas"

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pleno de la Diputación de Sevilla instase al Gobierno a modificar "a la mayor brevedad posible" el Estatuto Básico del Empleado Público para "la estabilización del personal contratado de larga duración" en las administraciones, para solucionar la situación de los interinos afectados por el supuesto abuso de la temporalidad en sus contrataciones, la asamblea de trabajadores interinos de la institución provincial ha aprobado iniciar nuevas "acciones reivindicativas", al entender que sigue sin pesar una "solución" al asunto.

Hablamos de la situación de los 532 trabajadores interinos de la Diputación ante las ofertas públicas de empleo promovidas por la institución en los últimos tiempos, en muchos casos incluyendo las plazas para las cuales fueron contratadas temporalmente estas personas.

Al respecto, un portavoz de este colectivo explicaba que entre estos interinos figuran "muchos casos" de personas que tras "décadas" trabajando en la institución provincial, afrontan tales procesos selectivos "sin opciones reales" de consolidar su posición en la plaza que ocupan como interinos, pues compiten con jóvenes opositores recién titulados, con formación específica y carentes de "obligaciones" familiares o laborales a la hora de preparar una oposición.

En todo ello incide el litigio promovido ante la Unión Europea contra la Administración española en demanda de que se declarase trabajadores indefinidos a los empleados públicos españoles incorporados como interinos o temporales, pero que suman años y años de servicio por un supuesto abuso de las instituciones en la contratación eventual.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO

El pasado mes de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía su sentencia, recogida por Europa Press, determinando que "incumbe al órgano jurisdiccional nacional apreciar, con arreglo al conjunto de normas de su Derecho nacional, si la organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con carácter provisional por empleados públicos nombrados en el marco de relaciones de servicio de duración determinada, la transformación de dichos empleados públicos en indefinidos no fijos y la concesión a estos empleados públicos de una indemnización equivalente a la abonada en caso de despido improcedente constituyen medidas adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos".

Y es que según el tribunal, "en caso de utilización abusiva por parte de un empleador público de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada, el hecho de que el empleado público de que se trate haya consentido el establecimiento o la renovación de dichas relaciones no priva de carácter abusivo al comportamiento del empleador".

LA NUEVA MOCIÓN

El pasado mes de abril, el pleno de la Diputación aprobaba una moción más en pro de reducir la temporalidad en la plantilla de la institución, señalando las distintas convocatorias de las ofertas de empleo público de la Diputación de 2017, 2018, 2019 y 2020, sobre las cuales pesa la decisión de anular los calendarios de los procesos que afecten al personal temporal o interino de larga duración, hasta que medie una solución.

En ese contexto, y mediante la moción, el pleno instaba al propio Gobierno de la Diputación a emprender "un análisis de las situaciones que pudieran enmarcarse en la situación de abuso a la temporalidad", así como que si media "una modificación del marco normativo" como la que se reclama al Estado y a la Junta de Andalucía, "se retrotraigan todos los procedimientos (selectivos) hasta adecuarlos a esa nueva normativa" y estudiar las vías legales "para que pueda establecerse en las fases de concurso-oposición que la valoración de méritos de los funcionarios públicos pueda ser previa a la oposición".

Empero, en la reciente asamblea de trabajadores interinos celebrada bajo los auspicios de todas las secciones sindicales de la entidad y la Asociación Temporales de la Diputación de Sevilla, dicho colectivo ha acordado emprender nuevas "acciones reivindicativas", señalando "la negativa de la Corporación provincial y del Gobierno central a una solución que ponga fin a la temporalidad en los contratos, con una duración de décadas en un alto porcentaje
de los casos, y que permita dar estabilidad y fijeza en sus puestos de trabajo a todas las personas".

LOS PLANES DE ICETA

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, baraja como es sabido una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, indicaba recientemente que se va a realizar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se promueve para dar carácter fijo al personal interino.

Para los interinos de la Diputación, es una "incoherencia que los poderes públicos permitan la inestabilidad en la contratación al cubrir más de tres años un puesto de trabajo en la Administración Pública, cuando a la empresa privada se le exige dar la fijeza en la misma situación".