SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El interventor de la Junta en la provincia de Córdoba, Antonio Escudero Miralles, ha declarado este martes como testigo ante la juez María Núñez Bolaños dentro de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación, y en concreto dentro de la pieza separada que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), y ha asegurado que al examinar los expedientes de los cursos "no sospechó que se estuviera haciendo algo ilícito o de gravedad".
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el interventor de la Junta en la provincia de Córdoba ha seguido la misma línea que el resto de interventores que han comparecido ante la magistrada y ha puesto de manifiesto que, para él, "sería de gravedad por ejemplo no tener el informe de auditoría, y todos los tenían", ha afirmado.
Tras aseverar que "no puso ningún reparo" a los expedientes de los cursos porque entendió que "eran correctos", el interventor ha reconocido a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía que, en su informe, "hace un juicio de valor que quizás no sea lo adecuado", aunque ha esgrimido que, con la carga de trabajo y el personal disponible, "no se considera especialmente cualificado para hacer ese tipo de informe, ni por su cualificación profesional ni por su nivel de disponibilidad, por la carga de trabajo enorme que tienen".
También ha declarado que "no puede decir" que el órgano gestor, en relación al SAE, "le estuviera engañando o sustrayendo información en la emisión de la certificación" de los cursos, aunque esta "es una cuestión de apreciación, entrando en el terreno de la subjetividad", añadiendo que "en algunos casos el error de la valoración estaba en los auditores, en otros en cuanto al compromiso de contratación se valoró por el órgano gestor como un compromiso no fundamental, a diferencia de lo que cree el declarante".
"SE PARALIZARÍA TODO"
Al hilo de ello, el interventor de Córdoba ha puesto de manifiesto que las intervenciones "pueden pedir la documentación que estimen oportunas, pero realmente con las condiciones de trabajo que padecen, si hicieran un análisis más exhaustivo, se paralizaría todo".
Dentro de esta causa, la magistrada ya ha tomado declaración a los interventores de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez; de Almería, Juan José Castillo; de Cádiz, Nieves Chao Serrano; de Jaén, Pedro González Gámez, y de Málaga, Juan José Delgado Utrera.
La última interventora en comparecer ante la instructora será la de Sevilla, Victoria López Gutiérrez, que hará lo próximo el próximo día 14 de junio.
El pasado 21 de abril, comparecieron ante la juez los interventores de la Junta en Jaén y Málaga, que coincidieron en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado, tal y como han venido manifestando el resto de interventores que han declarado ante la juez.
De este modo, el interventor en Málaga señaló que en esta provincia "no se detectaron irregularidades que hicieran necesarias un control especial", añadiendo que, "en su opinión, había un volumen enorme de expedientes que no sabe" si se debía a "falta de personal".
De igual modo, el interventor en la provincia de Málaga manifestó que "no tiene elementos de juicio para determinar si había una trama para malversar", de manera que lo que él detectó fueron "irregularidades administrativas", pues "si hubiera observado indicios de delito lo hubiera denunciado".
De su lado, el interventor de la Junta en Jaén, Pedro González Gámez, indicó que "nunca pidió documentación complementaria además de la certificación, no porque sospechara o no sospechara de que se pudieran cometer irregularidades, sino porque ello era imposible por falta de medios".
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
"Como no tiene medios, ni se lo plantea", subrayó el interventor, quien agregó que "si hubiera sospechado algo hubiera hablado con la Intervención General para pedir medios", aunque "en una fiscalización previa" de los cursos de formación "pocos datos se tienen para poder observar la existencia de fraude".
En este sentido, precisó que en la fiscalización previa "se aporta un informe de valoración sobre los criterios utilizados para seleccionar las empresas, las admitidas y las excluidas".
Asimismo, este interventor afirmó que, para expedir un certificado de finalidad, la entidad beneficiaria "tenía que presentar una memoria justificativa y una auditoría externa", y con esos documentos el órgano gestor "tenía que hacer una valoración jurídica", aunque ha opinado que "es discutible que el órgano beneficiario tuviera que presentar además documentación justificativa" como facturas.
De este modo, precisó que "no tiene constancia de la existencia de instrucción alguna que resuelva la duda o discutibilidad sobre la obligación de aportar documentación, facturas, para el certificado de finalidad".
"ADMINISTRATIVAS O FORMALES"
Tras aseverar que él "no puede decir que esos certificados fueran falsos" y que "no tenía por qué pensar que con el certificado de finalidad se estuviera ocultando nada", el interventor agregó que "las irregularidades detectadas son solo de carácter administrativo", pues "si hubiera observado irregularidades penales las hubiera denunciado".
Para finalizar, defendió que en el informe de cumplimiento del SAE de 2012 "se cumplió con la legislación aplicable, y así se recoge con las salvedades de irregularidades administrativas que constan en el informe", añadiendo que el informe de cumplimiento de 2014 "es desfavorable".
"Si hubiera detectado alguna irregularidad grave la hubiera puesto de manifiesto", apostilló, señalando que "puso en fiscalización previa reparo a certificados de finalidad que fueron subsanados por el órgano gestor" y que "todas las irregularidades que había detectado eran administrativas o formales".
Así, aseguró que "no ha apreciado la existencia de menoscabo de fondos públicos en la provincia de Jaén".
