SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de IULV-CA ha registrado en la Cámara una pregunta con ruego de respuesta escrita al Gobierno andaluz en la que pide información sobre en qué estado se encuentra el proyecto de ley sobre suministros vitales anunciado por el Gobierno andaluz, apuntando que "las medidas ante desahucios energéticos deben de adoptarse durante los meses de frío, y cada vez son más las familias que no pueden hacer frente a los pagos de los recibos de la luz y el agua".
En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la diputada de IULV-CA María del Carmen Pérez ha detallado que, en referencia a los cortes de luz ejecutados en Andalucía, solo entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, se practicaron un total de 510.864.
Según ha indicado, ante la situación de emergencia que están viviendo numerosos hogares, cada vez es más urgente la aprobación del decreto-ley sobre suministros mínimos vitales, "un decreto que resulta vital para las familias andaluzas que no pueden hacer frente al pago de los recibos de agua y electricidad".
Pérez destaca también que Andalucía es la región más azotada por la pobreza en el conjunto del territorio nacional, con un 38,6 por ciento de su población sin los recursos económicos mínimos, "lo que hace necesaria la aprobación urgente de medidas que ayuden a estas familias a vivir con dignidad y evitar el desahucio energético".
Junto a ello, ha señalado que la crisis y la falta de medidas correctoras han disparado el número de familias sin trabajo de forma abrumadora, ya que en el tercer trimestre de 2007 la Encuesta de Población Activa (EPA) contabilizaba 10.400 familias con todos sus miembros en paro, lo que significa que desde entonces este indicador ha crecido un 499 por ciento.
"En otras palabras, el número de familias sin trabajo se ha multiplicado por seis en apenas seis años", ha manifestado la diputada de IULV-CA, quien insiste en que cada vez aumenta más el número de personas que en la Comunidad que perciben una pensión no contributiva menor de 400 euros mensuales. Además, más de cien mil personas están por debajo de estas cuantías, de las que un 72 por ciento son mujeres.
