SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de IULV-CA ha presentado una proposición no de ley mediante la cual insta a la Junta de Andalucía, conforme a resolución de la Consejería de Medio Ambiente, a que lleve a efecto la ejecución de las sentencias relativas al ejercicio del derecho de retracto sobre los suelos del paraje de Carboneras (Almería) donde se ubica el hotel del Algarrobico.
Asimismo, en dicha proposición, consultada por Europa Press, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, pide al Ejecutivo autonómico ejecutar el protocolo general de colaboración suscrito entre la Junta y el Gobierno para la recuperación de este enclave costero.
Para ello, recuerda la federación de izquierdas que varias resoluciones judiciales confirman que las decisiones de Medio Ambiente por las cuales se ejercita el derecho de retracto son "ajustadas a derecho", ya que, según también se señala en sentencia, "el interés medioambiental resulta notorio".
El hecho de que el Ayuntamiento de Carboneras no haya ejercido su derecho de recurso de casación --la promotora Azata del Sol, no obstante, sí lo ha hecho en otras causas-- es motivo suficiente para entender decretada, a juicio de IU, la "firmeza" del fallo y, por tanto, algo "considerable" para que la Junta inicie la ejecución de la sentencia mediante el oportuno expediente administrativo.
Por otro lado, y en base a una reciente sentencia que sí declaraba urbanizable el paraje, la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal tras el escrito presentado por Greenpeace para investigar la resolución.
La organización ecologista presentó el pasado 2 de abril ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad organizada un escrito en el que solicitaba que se estudiara si la sentencia que declara urbanizables los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico puede ser constitutiva de delito ya que, a juicio de los ecologistas, "contradice" una "veintena" de resoluciones judiciales que "señalan el hotel de Azata del Sol como ilegal".
La apertura de diligencias llega después de que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía Superior de Andalucía, con competencias en la materia, el pasado 21 de abril, fecha a partir de la que se ha abierto el expediente.
