Jiménez Ballester lamenta que la Junta "no apueste" por la Justicia al "congelar" los presupuestos para 2010, lo que supone "un retraso"
SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, afirmó hoy que "sería necesario" crear 37 nuevos órganos judiciales en Sevilla para "resolver los asuntos que ingresan en cada una de las jurisdicciones", mientras que en Andalucía dicha cifra aumentaría a 219 juzgados nuevos, según datos de 2008, porque en 2009 "los pronósticos son peores".
En un desayuno informativo sobre 'Crisis en la Justicia: visión sevillana de un problema nacional. Las carencias de la Justicia en Sevilla' organizado por el club Antares, el magistrado detalló que "si ahora son 96 órganos los que existen, se tendrían que incrementar en un 33 por ciento". En concreto, son "necesarios" 19 Juzgados de Primera Instancia ordinarios, cuatro de Instrucción y cuatro de lo Penal, además de uno de Familia, uno Contencioso Administrativo, uno Mercantil, uno de Vigilancia Penitenciaria y un Registro Civil.
Del mismo modo, Jiménez Ballester criticó que "la deficitaria situación se ve agravada por la crisis económica y el consiguiente aumento de reclamaciones por impago de deudas, así como por las reformas operadas en el Código Penal contemplando nuevas figuras delictivas delitos", como en el marco de la seguridad de tráfico con "los delitos de conducción sin permiso o bajo los efectos del alcohol, que suponen un incremento de actuaciones judiciales", según matizó el juez decano, quien afirmó que "el 49,62 por ciento de ejecuciones de lo penal se refieren a ello, lo cual dificulta la resolución de otros delitos, como en el caso Mari Luz, donde se señaló como culpables al juez y su secretaria y no se había ejecutado dicha pena".
Al respecto, el magistrado señaló que "esta situación denota que hay una crisis del sistema y una sobrecarga de los juzgados de lo penal", además también "hay escasez de medios personales", de modo que según un estudio de 2008, "en Sevilla hay un déficit del 25 por ciento de funcionarios de carrera, el cual está cubierto por funcionarios interinos, con lo que ello supone en cuanto a formación".
282 PLAZAS NUEVAS DE FUNCIONARIOS
"Ahora las bolsas de funcionarios interinos han desaparecido y estos recurren al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), para después llegar a los juzgados sin conocimientos suficientes", a juicio de Jiménez Ballester, quien explicó que dicho trabajo es "muy técnico y exige conocimiento previo", por lo que "el personal de juzgados tiene que pararse a formar a los nuevos trabajadores".
En este sentido, el magistrado precisó que "hay insuficiente plantilla de funcionarios, por lo que son necesarias 282 plazas nuevas para Sevilla" y en lo que respecta al Servicio Común de Notificaciones y Embargos, "tiene una plantilla idéntica que no ha cambiado desde hace diez años, se crean nuevos órganos, pero no se amplia la plantilla en servicios comunes", informó Jiménez Ballester, que añadió que "se necesita más personal especializado en los juzgados y tribunales, como en el Mercantil o el Familiar".
Al hilo de ello, lamentó que "hay una falta de herramientas informáticas ágiles, interconectadas, eficaces y compatibles, para que no pase lo mismo que pasó con el caso Mari Luz". Además, "hay una defectuosa implantación territorial de la justicia, como demuestra la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que es de la España rural del siglo XIX y no de una España del Siglo XXI, lo que demuestra una mayor dificultad en las comunicaciones", reprochó el juez decano.
SOLUCIONES
Según explicó el magistrado, en 2003, se aprobó la reforma de la nueva oficina judicial que "puede delimitar la intervención de los jueces y exigirles responsabilidades", pero "hasta este año no se han aprobado los instrumentos legales que permiten su implantación y aún no se han hecho relaciones de puestos, si bien es una oficia pensada al margen del juez, lo que puede provocar graves problemas de coordinación", advirtió.
Para Jiménez Ballester, la implantación de dicha oficina "garantizaría crear un número importante de nuevas unidades judiciales y definir y ajustar la carga de trabajo de los órganos judiciales, de modo que en función de la carga se estudiaría cuantos jueces y tribunales hacen falta, aunque no se pueden crear de manera inmediata".
También "permitiría avanzar en la adopción de medidas concretas para la reducción de la litigiosidad, debido a que en los últimos diez años se ha pasado de 6,2 millones de conflictos a 8,9 millones", dijo el juez, al tiempo que insistió en que "con estas medidas se potenciarían los mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos, limitar el acceso a los recursos --porque un juicio de faltas para una reclamación en torno a los 150 euros le cuesta al Estado unos 4.000 euros--, además de generalizar las tasas judiciales, de modo que acceder a un proceso suponga para las partes determinados costes".
En cuanto a la Ley de Demarcación y Planta Judicial, "se trabaja en un modelo de justicia en el que evitar desequilibrios y desigualdad entre los órganos judiciales y utilizar las nuevas tecnologías, porque con las mismas estructuras y número de funcionarios se pueden optimizar los recursos", según explicó el magistrado.
"UNIR LO SEPARADO"
En conclusión, Jiménez Ballester admitió que "hay un problema en la administración de la Justicia en España, que provoca que los magistrados critiquen la descentralización", porque, a juicio del juez decano, "existe el riesgo de tener 17 poderes judiciales y tenemos ya 13 sistemas informáticos diferentes, a parte de las muchas deficiencias y desigualdades".
Asimismo, "ahora todos los esfuerzos están centrados en unir lo antes separado y es conveniente que sea el Consejo General del Poder Judicial quien reciba todas las competencias para evitar las diferencias entre comunidades", razonó Jiménez Ballester, que elogió al Ministerio de Justicia porque "prometió un aumento del presupuesto para 2010 del 10 por ciento, no como la Junta de Andalucía que apuesta por la congelación del presupuesto destinado a Justicia en 2010 y en Sevilla sólo se crea un órgano judicial de vigilancia penitenciaria", por ello "no hay una apuesta decidida por la Justicia y supone un retraso en Andalucía".
