SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha insistido en que la administración autonómica se ajustará en sus autorizaciones "a la norma" allí donde sea legal el proyecto gasístico que la empresa Gas Natural promueve en el espacio natural de Doñana.
En declaraciones a los periodistas en Sevilla con motivo de la celebración del Consejo Andaluz de Medio Ambiente, Fiscal ha recordado que la convocatoria en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) para el próximo 7 de julio a los titulares de los bienes y derechos afectados por el subproyecto 'Marismas Occidental', según la información oficial recabada por Europa Press, al objeto de la "urgente" ocupación de fincas según el procedimiento que determina la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, es un asunto que "no compete a la Junta" y sí al Gobierno central.
"Nuestra posición es muy clara: no estamos, porque no podemos estarlo, a favor, y no hay autorización para la parte de esta infraestructura que atraviesa el espacio protegido", ha manifestado el consejero andaluz de Medio Ambiente.
Y es que, ha añadido, independientemente de la posición de la Junta respecto a interpretar que este tipo de instalaciones no debe atravesar Doñana, "tenemos las herramientas legales para no conceder la autorización ambiental".
El encuentro del próximo mes de julio supone la convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación por parte del proyecto y sus instalaciones auxiliares respecto a una treintena de fincas entre cuyos propietarios, además de particulares, se encuentran administraciones como el Consistorio almonteño, la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria o la Comunidad de Regantes del Plan Almonte-Marismas.
Ante esta tesitura, el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha explicado a Europa Press que su asociación llevará al próximo Pleno el asunto, recordando que el recurso administrativo que el colectivo interpuso contra la autorización a 'Marismas Occidental' no está resuelto y que existe una queja por parte de la Unión Europea.
"Les da lo mismo tanto el recurso como que sea un espacio protegido: lo único por lo que miran es por el interés económico", ha criticado Romero, que ha instado a la Junta andaluza a plantar batalla jurídica y haga valer sus competencias, sin permitir al Estado que lleve a cabo "políticas de hechos consumados".
Ecologistas, así, intentará consensuar su actuación con otros colectivos y formar una plataforma de frente común para impedir que se consume lo que considera una "voladura intencionada de las conquistas ambientales" con la que "pretenden mandarnos de nuevo al siglo XIX en materia de conservación ambiental".
