SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha expresado "discrepancias" sobre varios artículos de la Ley de Metrología aprobada por el Ejecutivo central el pasado mes de diciembre, que actualiza la regulación de pesos y medidas vigente desde 1985 para adaptarla a la normativa internacional, y ha acordado con el Gobierno de la Nación designar un grupo de trabajo que proponga una solución.
La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) en el caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre los apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias" en materia de distribución competencial.
En concreto, Junta y Gobierno decidieron poner en marcha un grupo de trabajo el pasado 25 de febrero en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
En dicho acuerdo, consultado por Europa Press, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con los artículos 10.1, 12.4, 15.2, 19.3, 25 y la disposición transitorio única de la Ley 32/2014 de Metrología.
Estos artículos de la norma estatal regulan aspectos relativos a las competencias en materia de vigilancia, inspección y verificación de los sistemas de medida y programas informáticos sometidos a control metrológico del Estado, así como a la concesión de autorización a las entidades que cumplan los requisitos.
Ante las "discrepancias" expresadas por la Junta sobre la regulación estatal, ambas administraciones han decidido "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda", así como comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional (TC) "a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)".
Este artículo de la LOTC amplía de tres a nueve meses el plazo que tiene el Gobierno de la Nación para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes o disposiciones autonómicas si se produce un acuerdo en la Comisión Bilateral sobre "iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias pudiendo instar, en su caso, la modificación del texto normativo".
CAMBIO DE OTRAS NORMAS "POR LA PUERTA DE ATRÁS"
Tanto el PSOE como la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y CiU se opusieron durante su tramitación en el Congreso a todas las enmiendas introducidas por el Senado en el proyecto de Ley de Metrología, como forma de protesta contra la decisión del PP de modificar "por la puerta de atrás" otras normativas que tienen un "importante impacto" en la vida de los ciudadanos.
En particular, se quejaron de la "desregulación" en el control de la seguridad industrial que se provoca con la sustitución de la autorización administrativa previa por una declaración responsable, y advierten del vaciado de competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con la fijación de los precios de los peajes eléctricos.
