SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha empezado a abonar los pagos atrasados a los prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) de las empresas de Santana, y hará lo propio a partir de la semana próxima con los prejubilados afectados por la quiebra de la aseguradora belga Apra Leven, lo que suman en total un primer grupo de unos 1.000 afectados.
Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que han empezado a cobrar los primeros grupos de trabajadores de Santana y a partir de la próxima semana lo harán los de Apra Leven y han precisado que han empezado a abonar las nóminas de noviembre y diciembre.
Estos prejubilados se contemplan en el decreto ley 4/2012, un proceso mediante el que la Junta asume el pago directo de las ayudas sociolaborales a esos extrabajadores.
Ya hace varias semanas, en una entrevista con Europa Press, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, indicaba que "una vez que el decreto ya está convalidado" por el Parlamento andaluz, se empieza a dar respuesta, "aunque es una respuesta compleja, no es una única respuesta, al poseer estos diversos colectivos diferentes elementos y características".
De esta forma, explicó entonces que en el caso de los prejubilados vinculados a Santana y los procedentes de la aseguradora en quiebra Apra Leven, se están formalizando los mecanismos para que puedan percibir esas ayudas, de forma que prevén que habrá disponibilidad de cantidades en la segunda quincena de diciembre.
Asimismo, Avila apuntó entonces un segundo bloque, donde se incluyen los trabajadores de Astilleros de Sevilla o los ex de Delphi, entre otros, para los que la Junta prevé tener cerrado en enero el procedimiento de fiscalización y ordenados y materializados los pagos, de forma que en enero "estará cerrado y pagado".
De esta forma, dentro de este decreto ley se incluyen los afectados de Santa y Apra Leven, que recibían rentas periódicas; los que recibían indemnizaciones a tanto alzado, que recibirán las cantidades a partir de enero; y las novaciones, en las que "los extrabajadores afectados no han dejado de cobrar, pero en ellas las aseguradoras han tenido que efectuar los pagos de acuerdo a las condiciones que establece el decreto ley".
CONTENIDO DEL DECRETO LEY
Este decreto ley supone que la administración autonómica asumirá directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción, lo que afecta a 1.383 exempleados de las empresas Grupo Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi Automotive System España y Boliden Apirsa, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven, que se encargaba de gestionar las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.
El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un gasto de 224,9 millones de euros (en torno a unos 14,9 millones anuales), con un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras.
