SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio estudiará "caso a caso" la situación de las viviendas de Albox (Almería) y analizará "si pueden acogerse a un modelo de planeamiento urbanístico coherente en el municipio".
En rueda de prensa para hacer balance de la ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, el titular del ramo, Juan Espadas, señaló si bien que esta posibilidad tiene "un límite", ya que "no se pueden legalizar cosas ilegales".
"Hay que analizar la situación jurídica de cada una de estas edificaciones a través de inventarios con los ayuntamiento con inspectores" para poder "intentar disminuir el problema", aunque las que no encajen, como aquellas que estén "en lugares de valor ecológico o de riesgo, no pueden estar allí y, si además hay un juez que decide la demolición, tenemos que respetar la decisión". Además, indicó que también habrá casos en los que la casa quede fuere de estas medidas y "no se le podrá prestar otro tipo de servicios".
"FRENAR" UN CRECIMIENTO "DESORDENADO"
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio destacó que la preocupación es "frenar" lo que durante unos años fue un crecimiento "desordenado, al margen del planeamiento urbanístico, claramente especulativo y movido por estafadores profesionales que atrajeron a inversores extranjeros para ofrecer la posibilidad de instalarse en suelo no urbanizable sin explicarle exactamente cuál era el problema en el que incurrían".
Asimismo, apuntó que la Junta de Andalucía está trabajando con los ayuntamientos de la zona para que no se vuelva a repetir esta situación y para que los municipios acometan sus competencias de disciplina urbanística de manera "mucho más eficaz y diligente". "Esta es la única manera de que no se incremente en el futuro", subrayó.
Asimismo, quiso aclarar que "la Junta de Andalucía no derriba edificaciones, sino que impugna licencias que considera ilegales y es un juez el que decide".
Por último, mandó un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía, ya que el Estado de Derecho y las garantías de España "no son en ningún caso inferiores a las que hay en otros países de la Unión Europea (UE)", por lo que es "negativo y falso introducir sensación de inseguridad jurídica".
