La junta general de Mercasevilla aprueba las cuentas de 2009, la operación acordeón y reduce a nueve el consejo

SEVILLA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sociedad mixta Mercasevilla, p1articipada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha aprobado hoy en el seno de su junta general de accionistas las cuentas de 2009, --que arrojaban pérdidas por valor de 4.123.666 euros--, la operación 'acordeón' elaborada para evitar la caída en una causa de disolución y reducir de 23 a nueve los miembros del consejo de administración de la compañía. Estos acuerdos han prosperado con los votos favorables de los representantes municipales y de la sociedad estatal Mercasa, pero con el voto contrario del accionista minoritario de la empresa; la asociación de mayoristas de fruta.

El gerente de la asociación de mayoristas de fruta de Mercasevilla, Fernando Castro, informó a Europa Press de que la junta general de accionistas celebrada hoy por la sociedad mixta se ha resuelto con la aprobación de todos estos extremos, --ya expuestos en anteriores consejos de administración--, con los votos favorables de los representantes del Ayuntamiento, que posee el 51 por ciento del capital social, y de Mercasa, toda vez que los representantes de los mayoristas de fruta han votado en contra de la aprobación de estos tres puntos.

La aprobación de las cuentas generales del ejercicio 2009 ha contado con el voto contrario del accionista minoritario porque, según Fernando Castro, la inclusión del pasivo de más de un millón de euros que figura en tales cuentas debido a la liquidación de la fundación socioasistencial "podría ser constitutiva de delito", toda vez que los mayoristas de fruta no han contado "con los desgloses de algunas partidas" que habían reclamado para emitir su voto. "Mercasevilla no tiene que asumir ese pasivo, esto podría ser constitutivo de delito", insistió Fernando Castro.

En cuanto a la reducción acordada para el consejo de administración de la sociedad mixta, que pasa de 23 a nueve miembros con la desaparición del PP de este órgano de la compañía y, por ende, de la junta general de accionistas, Fernando Castro informó de que la representación de los mayoristas de fruta ha votado también en contra al creer conveniente que "todas las fuerzas políticas" de la Corporación municipal deben contar con representación en los órganos de gobierno de la empresa.

A tal efecto, y dados los motivos de "agilización" del funcionamiento del consejo de administración defendidos por los representantes municipales y de Mercasa, Castro advirtió de que el consejo de administración podría haber adelgazado hasta "once miembros", al objeto de que el PP conservase representación y se respetase la composición que ya regía.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

Además, Fernando Castro informó de que la representación de los mayoristas de fruta ha reclamado en el seno de la junta general de accionistas que "se votara una acción social" por parte de la propia compañía para exigir "la responsabilidad de los administradores" que han conducido a la sociedad mixta a esta situación. Y es que, además de los 4.123.666 euros de pérdidas sufridos en 2009, la empresa afronta un pasivo de 9.046.976,95 euros por la incertidumbre que pesa sobre la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007 y está sujeta a investigaciones judiciales por un presunto delito de cohecho, el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y las presuntas irregularidades de la venta de los suelos del mercado central.

"Ellos se han negado a esa votación", dijo Castro, quien consideró que "se ha vulnerado el derecho de la asociación de mayoristas de fruta como accionista minoritario".

Finalmente, el gerente de la asociación de mayoristas de fruta de Mercasevilla informó de que la junta general de accionistas no ha debatido "nada" en cuanto al acuerdo de la comisión ejecutiva sobre el inicio de "acciones legales" al objeto de hacer efectivo el cumplimiento de los "compromisos de pago" que rodean al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, del que se desliga la Consejería de Empleo pese a las alusiones que la documentación del procedimiento contiene a dicho departamento.