MADRID/SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, han firmado este lunes en Madrid un convenio que permitirá una inversión de 1,37 millones de euros para potenciar el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal en Andalucía que está llevando a cabo la Junta.
El convenio, que formaliza los compromisos financieros del Gobierno central para el programa de reforma de la Administración de Justicia, tiene como objetivos principales alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales, establecer una relación más sencilla entre la ciudadanía y los operadores jurídicos y conseguir una Administración de Justicia más innovadora, según ha informado la Consejería de Justicia.
"En definitiva, se apuesta por una Justicia como servicio público y la mejora de la organización judicial que debe ir apoyada por un uso masivos de las tecnologías", especifica el acuerdo rubricado por el consejero y el ministro de Justicia en funciones.
En virtud de este convenio, la Consejería de Justicia e Interior se compromete a avanzar en el uso de las nuevas tecnologías hasta conseguir unos sistemas de gestión procesal que sean compatibles entre sí y permitan la plena interoperatibilidad, de acuerdo con las especificaciones acordadas por el Comité Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE).
Además, la Junta seguirá trabajando en la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal, así como en la conexión digital en las oficinas judiciales con los diferentes actores que intervienen en los procedimientos.
De Llera ha destacado como otro aspecto destacado del acuerdo el avance en la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal que lleva a cabo el Gobierno andaluz como modelo más eficaz de organización y funcionamiento de los órganos judiciales, lo que requiere impulsar el uso de las nuevas tecnologías.
Al mismo tiempo, según el consejero, esta inversión contribuirá a mejorar los tiempos de resolución de resolución de los asuntos ingresados en los órganos judiciales, así como su funcionamiento general, dotándolos de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para desarrollar su labor de la manera más eficiente posible.
De Llera y Catalá han resaltado la necesidad de seguir manteniendo la relación de mutua colaboración y coordinación entre ambas administraciones públicas para conseguir una Justicia más ágil y efectiva, moderna y adaptada a los retos del siglo XXI.
